Hacienda alega merma de ingresos y el PP llevará el choque al Senado este miércoles
El Gobierno ha vetado en la Ley de Discapacidad, aún en trámite, una enmienda del PP que rebajaba al 4% el IVA de rampas, ascensores y obras para eliminar barreras arquitectónicas en edificios y viviendas. El Ministerio de Hacienda ha invocado su potestad legal para alegar que la propuesta supone una «merma de ingresos» incompatible con los Presupuestos Generales del Estado vigentes, los de 2023, prorrogados tres veces.
La iniciativa, incorporada por el PP durante la tramitación en el Senado, incluía también la reparación de vehículos y sillas de ruedas y la adaptación de taxis y turismos para personas con discapacidad. El Ejecutivo ha remitido al Senado su disconformidad presupuestaria al amparo del artículo 134.6 de la Constitución, que permite al Gobierno negar su conformidad a enmiendas que aumenten créditos o disminuyan ingresos.
La discrepancia no reside sólo en el fondo. En un primer escrito de disconformidad, registrado el 29 de julio, Moncloa calculó que el IVA reducido para las obras de accesibilidad tendría un impacto de 3,2 millones de euros, partiendo de que afectaría al 1% de unas bases imponibles gravadas al 10%. En la segunda tanda de vetos, registrada el 4 de septiembre, el Ejecutivo elevó a 321 millones la pérdida de ingresos de una enmienda transaccional basada en la propuesta del PP, al presuponer que el 9% de las obras sujetas al 10% tienen como finalidad garantizar la accesibilidad universal.
Fuentes del PP cercanas a Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social, además de estar escandalizadas con «las promesas incumplidas por falta de Presupuestos» ven en esa diferencia una «falta de rigor» en la argumentación económica de Moncloa. La mayoría absoluta del PP en el Senado permitirá este miércoles levantar los vetos de Hacienda e incorporar al texto las enmiendas bloqueadas, entre ellas mejoras vinculadas a la prestación CUME, con ayudas a padres de hijos con cáncer, a la fiscalidad de las personas dependientes y con discapacidad, y a la supresión de copagos para enfermos con dependencia extrema.
Los populares dan por descontado que el texto regresará al Congreso y que la Mesa presidida por Francina Armengol eliminará de nuevo esas iniciativas antes de que puedan votarse. Fuentes del PP consideran que esa eventual decisión sería «ilegal» y, probablemente, provocaría un nuevo conflicto de atribuciones ante el Constitucional. «El Gobierno amplió sus vetos iniciales al comprobar que algunas de las enmiendas en principio no bloqueadas concitaban el apoyo de PP, Vox, Junts y PNV, una mayoría que las haría prosperar en el Congreso aunque Hacienda las vetara en el Senado», sostienen las mismas fuentes.
Entre las medidas vetadas, la ampliación de la CUME supondría un coste de 2,36 millones en 2027, que ascendería a 12,62 millones en 2031, según el cálculo del Gobierno, que parte de una media anual de 134 prestaciones con un importe medio de 17.543 euros. La extensión al IRPF de la equiparación entre dependencia y discapacidad afectaría a 97.000 personas y costaría 58,2 millones, con incidencia en las comunidades autónomas por tratarse de un impuesto parcialmente cedido. La eliminación del copago de dependencia de grado III+ tendría un coste adicional anual de 66,4 millones, de los que 33,2 corresponderían a la Administración General del Estado.
