La Abogacía del Estado acusa al tribunal de ‘exceso’ al paralizar el derecho al voto de miles de personas sin impugnar la instrucción de Justicia
La Abogacía del Estado ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para impugnar la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos, una medida que afecta a cientos de miles de personas. El alto tribunal paralizó la inscripción en el censo electoral de estos ciudadanos tras un recurso de Vox e Iustitia Europa, alegando un posible riesgo para la transparencia electoral.
El Gobierno considera que la decisión judicial es un «exceso» y recuerda que nadie ha impugnado la instrucción del Ministerio de Justicia que permitió estas nacionalizaciones. Según sus servicios jurídicos, «no existe ningún riesgo derivado del crecimiento del censo» y, en cualquier caso, el voto de estos ciudadanos «no podría alterar el resultado electoral por pura matemática». La ley de nietos, aprobada en 2022, reconoce la nacionalidad española a descendientes de exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura, y su aplicación masiva comenzó en octubre de 2023 con una instrucción que simplificó los requisitos.
El recurso presentado por la Abogacía es un paso previo obligatorio para llevar el caso al Tribunal Constitucional, donde el Gobierno podría denunciar la vulneración del derecho al voto, un derecho fundamental. Sin embargo, la probabilidad de que el Supremo revise su propia decisión es baja, ya que el recurso de reposición solo puede ser resuelto por la misma sección que dictó la suspensión.
La medida judicial se enmarca en un conflicto político más amplio: mientras el Gobierno defiende la legalidad de la ley y su aplicación, partidos como Vox e Iustitia Europa cuestionan su interpretación y exigen mayor rigor en los criterios de nacionalización. La Junta Electoral Central (JEC) se declaró incompetente para valorar estos casos, lo que dejó la puerta abierta a la intervención del Supremo.
La ley de nietos ha nacionalizado a más de 100.000 personas desde su entrada en vigor, según datos oficiales. Su aplicación ha sido objeto de polémica, con acusaciones de irregularidades en algunos casos, aunque el Gobierno insiste en que se trata de un proceso legal y transparente.
