El secretario de Estado Marco Rubio diseña la hoja de ruta tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero
Estados Unidos se ha convertido en el actor central de la negociación para la transición democrática en Venezuela, según el inicio formal de conversaciones entre el régimen interino de Delcy Rodríguez y la Asamblea Nacional elegida en 2015. Washington se ha convertido en una de las dos ‘cabeceras’ de la mesa, junto a la oposición democrática y el régimen, con una influencia política, económica y militar decisiva.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha diseñado una hoja de ruta cuyo objetivo declarado es estabilizar el país, avanzar hacia una transición y convocar elecciones democráticas. Este plan se activó tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, un hecho que marcó un punto de inflexión en la crisis venezolana. La administración de Donald Trump ha asumido un rol protagónico, aunque incómodo para sectores de la oposición, que ven en esta intervención una limitación a la soberanía nacional.
La negociación enfrenta desafíos históricos: evitar la impunidad y la revancha, dos riesgos que han lastrado transiciones en otros países como España, Chile o Sudáfrica. En el caso venezolano, el texto fuente subraya la necesidad de reconstruir instituciones clave, como un árbitro electoral independiente, un Tribunal Supremo autónomo y unas Fuerzas Armadas profesionales, subordinadas exclusivamente a la Constitución. Además, se plantea la recuperación de la libertad de expresión, tras años de control estatal sobre los medios y restricciones a Internet.
La economía también ocupa un lugar central en las conversaciones. El objetivo es transitar desde un modelo estatista, que ha destruido productividad y oportunidades, hacia uno basado en la iniciativa privada, la seguridad jurídica y la justicia social. El petróleo, históricamente utilizado como instrumento de dominación política, se perfila como un motor de desarrollo, aunque su gestión deberá desvincularse de intereses partidistas. La reconstrucción del país, devastado por la crisis, incluye además la recuperación de infraestructuras básicas, como carreteras y hospitales, y la restauración de la confianza ciudadana.
La participación de todos los sectores democráticos es otro de los retos. María Corina Machado, figura destacada de la oposición, ha decidido no integrarse directamente en el proceso, lo que podría debilitar la legitimidad de los acuerdos. La unidad, según el texto fuente, será clave para que la transición sea sólida y evite fracturas internas. Las nuevas generaciones venezolanas, comparadas con las de España o Polonia durante sus transiciones, tendrán que equilibrar la renovación con la preservación de los valores democráticos.
El proceso se enmarca en un contexto de profunda polarización y desconfianza. La reciente catástrofe natural en el país ha puesto de manifiesto la fragilidad institucional y la urgencia de reconstruir no solo infraestructuras, sino también el tejido social. La reconciliación, sin impunidad, se presenta como un objetivo prioritario, aunque complejo, para evitar que los errores del pasado se repitan.
Fuente: El Debate (Internacional)
