El asesor jurídico del partido, dueño de ocho propiedades, registra una proposición no de ley para prohibir a bomberos participar en lanzamientos
Hugo Martínez Abarca, diputado de Más Madrid y asesor jurídico del partido, ha registrado junto a Manuela Bergerot una proposición no de ley para prohibir a los empleados públicos participar en desahucios por razones de conciencia, especialmente a los bomberos. La iniciativa llega una semana después del lanzamiento de Maricarmen, una mujer de 87 años, que movilizó un dispositivo policial masivo.
Martínez Abarca, quien declara poseer ocho propiedades y percibir 16.200 euros anuales en alquileres (cuatro viviendas, dos locales y dos plazas de garaje), ha sido uno de los diputados más activos en la defensa de las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas. En abril, apoyó públicamente la propuesta de Bergerot de gravar fiscalmente a quienes acumulan viviendas, defendiendo que nadie debería tener más de tres.
La proposición no de ley, presentada bajo el nombre ‘decreto Maricarmen’, busca evitar que los cuerpos de emergencias sean utilizados en operaciones de desahucio, argumentando que estos no constituyen una emergencia. Más Madrid aprovecha el caso de Maricarmen, cuya defensa movilizó a miles de personas, para presionar a la Comunidad de Madrid y al Gobierno central.
El partido, que ha sido uno de los más cercanos a las demandas del Sindicato de Inquilinas, utiliza el episodio como argumento clave para exigir cambios legales. La iniciativa también incluye la posibilidad de que los empleados públicos se nieguen a participar en desahucios por objeción de conciencia, un debate que ya ha generado polémica en el ámbito judicial y policial.
Mientras Martínez Abarca defiende públicamente medidas contra la acumulación de viviendas, su patrimonio inmobiliario —con propiedades en usufructo y nuda propiedad— contrasta con su discurso. Dos de las viviendas que posee están sujetas a un 50 % de usufructo y propiedad por herencia, y otra a un 50 % de nuda propiedad, lo que añade un matiz de complejidad a su posición sobre la regulación de la propiedad inmobiliaria. La proposición no de ley, si prospera, podría reabrir el debate sobre el papel de las administraciones públicas en los desahucios, especialmente en una región como Madrid, donde la tensión por la vivienda sigue en aumento.
