Moncloa admite que hay 3.000 personas en la calle, un tercio menores, y avanza hacia 10.000 plazas de alojamiento, aunque sin fecha clara para su total habilitación
El Gobierno ha confirmado este viernes que Ceuta alberga actualmente unos 10.000 migrantes, el doble de lo estimado inicialmente, con al menos 3.000 personas aún en las calles —un tercio menores— y otros escondidos en viviendas o montes. Las cifras, basadas en datos policiales, contradicen los cálculos iniciales del Ejecutivo, que hablaba de 5.000 personas tras las entradas masivas de finales de julio, y se acercan a las estimaciones del gobierno ceutí liderado por Juan Jesús Vivas (PP).
Las fuentes de Moncloa reconocen que las cifras oficiales de entradas irregulares —72.000 entre el 30 y 31 de julio— podrían estar infladas, ya que el 90-95% de los migrantes habrían regresado a Marruecos en las primeras horas, según repetía el Gobierno. Sin embargo, Vivas elevó su cálculo a más de 80.000 entradas, una discrepancia que refleja la tensión entre el Ejecutivo central y la ciudad autónoma. Actualmente, más de 5.000 migrantes habrían vuelto voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto.
El operativo para alojar a 1.700 personas en el nuevo campamento del Puerto de Ceuta —culminado este viernes— eleva las plazas disponibles a 6.000, pero el Gobierno admite que se necesitarán días para alcanzar las 9.000-10.000 plazas prometidas. Las fuentes insisten en que el traslado de migrantes al recinto «transcurrió con normalidad», pese a imágenes de agolpamientos y carreras para acceder antes al espacio acotado, donde se iniciarán los trámites de devolución. «Cuanto antes estén en esos espacios, antes se procederá a los retornos», aseguran.
De los 10.000 migrantes en Ceuta, solo un 10% —alrededor de 1.000— podrían tener derecho a asilo, principalmente subsaharianos no marroquíes, según el mando único para la crisis. Los menores migrantes filiados ascienden a 2.048, de los cuales 1.612 fueron identificados tras las entradas masivas. El Gobierno prioriza su devolución para reagrupación familiar, avalada por un compromiso previo de Marruecos, pero depende de la aprobación del gobierno ceutí para usar las 500 plazas ofrecidas por entidades sociales en la Península o convenios con comunidades autónomas como Navarra (PSOE).
La crisis revela tres problemas estructurales: la falta de coordinación entre el Gobierno central y Ceuta, la sobreestimación inicial de devoluciones voluntarias, y la lentitud para habilitar plazas de acogida. Mientras, la tensión persiste en las calles, donde la policía registra momentos de conflicto al intentar controlar el acceso a los nuevos recintos. La normalidad, según Moncloa, solo llegará cuando los migrantes estén «bien atendidos y filiados» en espacios acotados.
