El Centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual atiende siete casos desde el 30 de julio, cuando se habilitó tras meses sin actividad
Ceuta afronta una crisis de seguridad tras la entrada masiva de más de 70.000 migrantes el pasado 30 de julio, de los que unos 10.000 permanecen en la ciudad autónoma quince días después. Los vecinos han registrado una media de 200 llamadas diarias a emergencias por agresiones, hurtos, okupaciones y robos, pero los delitos sexuales han generado una alarma social más profunda.
La consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Ceuta, Nabila Bencina, confirmó que el Centro de crisis 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual —inaugurado en junio— no había atendido ningún caso hasta el 30 de julio. Desde entonces, ha registrado siete ingresos, mientras que los juzgados locales tramitan al menos 12 denuncias por delitos de esta índole. Fuentes policiales y sanitarias alertan de que muchas agresiones no se denuncian, aunque los agentes informan a sus sindicatos sobre abusos no registrados oficialmente.
El último incidente conocido ocurrió el jueves 14 de agosto en la Avenida de Lisboa, donde un hombre marroquí intentó violar a una joven a plena luz del día. Vecinos alertaron a la Policía Nacional, que detuvo al agresor. Además, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció la expulsión de España de uno de los acusados por abuso sexual, aunque matizó que las menores «no deambulan por las calles» y que las autoridades ceutíes habilitan espacios seguros para su protección.
La situación en barrios como El Príncipe se ha agravado por la presencia de miles de migrantes durmiendo en playas y montes. Vecinos organizaron una red de protección para decenas de niñas que llegaron solas, tras confirmarse que más de 150 menores fueron identificadas en un solo día en un campamento improvisado. Fuentes policiales describieron como «salvajismo» las secuelas médicas de una de las víctimas de violación.
El Centro Asesor de la Mujer de Ceuta, dependiente del área de Igualdad, ofrece atención psicológica, jurídica y social a las víctimas. Bencina subrayó que la crisis ha obligado a activar recursos que llevaban meses sin uso, reflejando el deterioro de la seguridad en la ciudad.
Fuente: El Debate
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