La propuesta, que se votará en el Senado, incluye retener civiles y presunción de veracidad en sus denuncias tras 45 días de crisis sin solución
El Partido Popular (PP) ha anunciado este sábado que presentará la próxima semana en el Senado una iniciativa para otorgar temporalmente la condición de agentes de la autoridad a los militares desplegados en Ceuta, una medida que ampliaría sus competencias para dar órdenes a civiles, identificarlos e incluso retenerlos preventivamente. La propuesta responde a las se refieren a emboscadas y ataques sufridos por patrullas en barrios periféricos de la ciudad y zonas fronterizas, según un comunicado del PP ceutí.
Esta condición, amparada en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y el Real Decreto de seguridad en las Fuerzas Armadas, permitiría a los militares actuar en coordinación con Policía Nacional y Guardia Civil, restringir accesos y establecer cordones de seguridad. Además, sus informes y denuncias tendrían presunción de veracidad, y las agresiones contra ellos serían consideradas atentados contra la autoridad, con consecuencias penales. El Gobierno podría conceder esta condición mediante decreto, según la iniciativa.
El PP considera se considera imprescindible esta cobertura jurídica para que los militares actúen con se busca seguridad y eficacia, especialmente tras más de 45 días desde la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio. La formación critica que la situación en Ceuta «ha empeorado» y exige al Gobierno se exige que deje de reaccionar tarde y adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de la ciudad y sus habitantes.
La medida refuerza las demandas de asociaciones militares como ATME (Asociación de Tropas de Montaña) y UMT (Unión Militar de Tropas), que reclaman protección legal tras los incidentes registrados. La iniciativa se enmarca en un contexto de tensión creciente en Ceuta, donde el despliegue militar ha sido clave para contener la crisis humanitaria, pero sin resolver los problemas de fondo.
La propuesta también hace referencia a la Ley de la Carrera Militar, que regula la formación y el ejercicio de funciones de los militares, y al Real Decreto por el que se aprueban las normas sobre seguridad en las Fuerzas Armadas, que establece los procedimientos para la asignación de competencias de autoridad en situaciones de riesgo. Según la iniciativa, el Gobierno puede otorgar esta condición de manera temporal mediante decreto, lo que permitiría una respuesta rápida y ajustada a la evolución de la situación en la ciudad.
