El PSOE denuncia el incumplimiento de la ley y amenaza con llevar el caso al Defensor del Pueblo y a los tribunales
Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, no ha activado el convenio firmado en 2024 con Andalucía para enviar menores migrantes a la comunidad autónoma durante la crisis actual, a pesar de que el acuerdo prevé este mecanismo en situaciones de presión migratoria extraordinaria. El PSOE andaluz, liderado por María Jesús Montero, ha elevado la denuncia al Defensor del Pueblo Andaluz, acusando a Vivas de incumplir la ley y de usar la crisis como excusa para bloquear la ayuda.
El convenio entre Ceuta y Andalucía, firmado en 2024, establece que, en casos de emergencia migratoria, los menores extranjeros pueden ser trasladados a la comunidad autónoma para descongestionar las instalaciones de acogida en la ciudad autónoma. Sin embargo, Vivas no ha puesto en marcha ninguno de los dos mecanismos legales disponibles para activar este reparto, a pesar de las presiones del Gobierno central, lideradas por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Fuentes del Gobierno andaluz confirman que el presidente de Ceuta no tiene intención de aplicar el convenio, argumentando que podría generar un ‘efecto llamada’ y atraer a más migrantes a la ciudad.
La postura de Vivas contrasta con su discurso de 2023, cuando prometió acoger a menores en caso de necesidad. Desde entonces, el PP de Ceuta ha cambiado su postura: ahora aboga por la devolución de migrantes a sus países de origen, incluidos los menores, una medida que el PSOE considera una ‘deslealtad’ con España. María Jesús Montero acusó a Vivas de ‘contradecirse’ y de usar la crisis para hacer ‘populismo’, mientras que el Gobierno andaluz niega tener capacidad para aliviar la situación en Ceuta, alegando que su sistema de acogida ya está saturado.
El conflicto se enmarca en un contexto más amplio: Andalucía ya recibe menores migrantes de forma habitual a través de pateras y otros mecanismos legales, pero la consejera de Servicios Sociales, Loles López, rechazó la posibilidad de ampliar su capacidad para ayudar a Ceuta. López criticó al Gobierno central por ‘reventar’ el sistema de acogida con el reparto de 600 menores en 2025, una medida que generó tensiones con comunidades como Cataluña y País Vasco, que se negaron a recibir migrantes.
Mientras, el Gobierno central, a través de Sira Rego, ha manifestado su voluntad de facilitar la permanencia en España de los menores localizados, una postura que choca con la del PP de Ceuta y con las tesis de Andalucía, que prioriza la reagrupación familiar y rechaza el uso de los menores como ‘mercancía política’. La tensión entre las instituciones sigue abierta, con el PSOE andaluz amenazando con llevar el caso a los tribunales si persiste el bloqueo.
