Interior reconoce que la gestión de asilo se extenderá seis meses más, pero sindicatos piden 190 agentes extra para evitar un colapso administrativo
El Ministerio del Interior arrastra **15.000 expedientes sin resolver** en Ceuta, donde la gestión de la crisis migratoria —desatada hace dos meses— se prolongará al menos hasta **enero de 2027**, según fuentes policiales. El Gobierno, que se marcó el 31 de diciembre como plazo para cerrar el mando único de la emergencia, no cumple ni siquiera la mitad de los plazos previstos: con **90 agentes** trabajando en triajes diarios (capacidad para 100 cribados al día), el Sindicato Unificado de Policía (SUP) calcula que harían falta **190 más** para alcanzar los **500 triajes diarios** que exigiría resolver el atasco en un mes.
La falta de medios es el principal freno. Aunque Interior trasladó los trámites de extranjería al **Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE)** —una nave en el Tarayal—, un mes después los sindicatos denuncian que **ordenadores, módulos y capacidad administrativa siguen insuficientes**. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, redujo la cifra oficial de migrantes en Ceuta a **10.000** (frente a los 15.000 que manejan las fuentes policiales), pero admitió que **entre 3.000 y 3.500** están fuera de los puntos habilitados. La mayoría solicita asilo —proceso que se deniega en un 90%—, pero **ninguna expulsión administrativa se ha ejecutado** desde la avalancha: los 316 retornos forzosos registrados obedecen a **órdenes judiciales**, nunca a decisiones policiales.
Los menores, **2.400 en total** (1.700 llegados en julio, 700 previos y 500 en acogida estatal), son otro frente abierto. Su gestión recae en la ciudad autónoma, pero los triajes comenzaron **la semana pasada**, cuando ya llevaban meses sin representante legal designado. Mientras, el Gobierno refuerza la frontera con **300 antidisturbios** (180 policías y 150 guardias civiles) para evitar nuevos asaltos, especialmente tras la convocatoria en redes vinculada a las elecciones marroquíes. Fuentes de inteligencia descartan un escenario similar al de julio, pero la cooperación con Rabat sigue siendo clave: el Reino Alauí evitó entonces una crisis diplomática mayor.
El plazo legal para resolver asilos en frontera es de **12 semanas**, pero con los recursos actuales, Interior no lo cumplirá. La presión sindical crece: sin refuerzos, la crisis migratoria en Ceuta se convertirá en un **problema estructural** para 2027, con implicaciones políticas para el Gobierno. La oposición ya usa el caso para criticar la gestión de Grande-Marlaska, mientras la ciudad autónoma —sin competencias en extranjería— queda atrapada en un proceso que escapa a su control.
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