El Gobierno autonómico evalúa el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería para pactar retornos con países de origen.
Castilla y León analiza vías legales para repatriar a menores migrantes solos a sus países de origen. El Gobierno autonómico evalúa recurrir al artículo 35.2 de la Ley de Extranjería. La propia administración regional reconoce que este plan implica «un procedimiento complejo, multilateral y a muchas partes».
El precepto legal citado contempla convenios con los estados emisores para reagrupar a los menores o devolverlos bajo custodia. Sin embargo, las autonomías carecen de competencias plenas en política exterior. Cualquier pacto formal exige la intervención directa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de las embajadas correspondientes.
La iniciativa autonómica coincide con la presión política de Vox sobre el debate migratorio. Carlos Pollán Fernández, presidente de las Cortes de Castilla y León y dirigente de la formación, mantiene el foco en esta materia. Los socios parlamentarios han reclamado medidas drásticas ante la acogida de menores procedentes de puntos saturados como Ceuta.
En la práctica, los antecedentes de acuerdos bilaterales autonómicos han chocado con la tutela judicial de los menores. Los tribunales exigen resoluciones individualizadas que garanticen el interés superior del niño. El Ejecutivo central, además, ostenta la competencia exclusiva para tramitar expulsiones o acuerdos internacionales con terceros países como Marruecos.
El pulso legal redefine el reparto territorial de los menores migrantes no acompañados en España. Comunidades gobernadas por el Partido Popular buscan fórmulas para limitar la presión sobre sus centros asistenciales. Castilla y León se encuentra ahora «estudiando el cauce y las vías» para verificar si el marco legal actual avala estas devoluciones.
Cualquier avance requerirá autorizaciones diplomáticas y resoluciones de las delegaciones del Gobierno. Si la Junta formaliza una propuesta unilateral, la medida abrirá un previsible conflicto de competencias ante los tribunales. El Ministerio de Asuntos Exteriores mantendrá la última palabra sobre las relaciones bilaterales con los países de origen.
