El Gobierno autonómico de Mañueco adelanta el pago del anticipo para garantizar liquidez en el sector rural, en un contexto de sequía y tensiones por precios agrícolas
Alfonso Fernández Masueco, presidente de la Junta de Castilla y León, ha anunciado este miércoles 23 de septiembre de 2026 el inicio del pago anticipado de 597 millones de euros en ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a más de 50.000 agricultores y ganaderos de la región. La medida, adelantada respecto al calendario habitual, busca garantizar liquidez en el sector en un momento de sequía persistente y precios volátiles en los mercados.
Según ha confirmado la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el pago se realiza «antes que nunca» en la comunidad, como ha destacado Masueco a través de sus redes sociales. La cuantía total abonada equivale al 95% del anticipo anual que Castilla y León destina a la PAC, una partida clave para el sector primario, que representa el 12% del PIB autonómico y emplea a más de 200.000 personas.
El adelanto responde a una estrategia para mitigar el impacto de la sequía, que en 2026 ha reducido un 30% la producción de cereales en la región según datos de la Junta. Además, el Gobierno autonómico busca contrarrestar la caída de ingresos en el sector ganadero, donde los precios de la leche y la carne han descendido un 15% en lo que va de año.
El contexto: sequía y presión por precios
Castilla y León, primera comunidad autónoma en superficie agrícola de España, depende en un 70% de sus ingresos autonómicos de fondos europeos vinculados al sector primario. La sequía prolongada —con tres años sin lluvias significativas— ha obligado a la Junta a activar 120 millones adicionales en ayudas excepcionales para riego y pastos, según el decreto autonómico aprobado en julio de 2026.
La medida también llega en un momento de tensión política por la gestión de la PAC a nivel nacional. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez negocia con Bruselas un reparto más equitativo de los fondos europeos, las comunidades autónomas como Castilla y León —tradicionalmente receptoras de un 18% del total de la PAC española— presionan para evitar recortes. Masueco ha evitado mencionar públicamente el conflicto, pero fuentes de su equipo señalan que el adelanto de pagos es una respuesta directa a las demandas del sector para evitar quiebras en el campo.
¿Qué se juega cada actor?
Para los 50.000 beneficiarios, el pago anticipado significa oxígeno financiero inmediato, aunque no cubre el 100% de sus necesidades: según la Asociación de Agricultores de Castilla y León (ASCAL), el 40% de los agricultores ya ha solicitado líneas de crédito urgentes para cubrir gastos hasta la próxima cosecha. El adelanto, sin embargo, no incluye las ayudas vinculadas a la sequía, que llegarán en dos tramos entre octubre y diciembre.
Políticamente, la medida refuerza la imagen de Mañueco como defensor del campo en un año electoral. El PP, que gobierna en solitario en Castilla y León, busca capitalizar el apoyo rural ante las elecciones autonómicas de 2027, donde el sector agrícola podría ser clave en municipios como Ávila, Segovia o Soria, donde la agricultura representa más del 25% del empleo. En el lado contrario, Podemos y Sumar han criticado en redes la «opacidad» del adelanto, alegando que no se ha consultado a los sindicatos agrarios antes de su aprobación.
Bruselas, por su parte, vigila de cerca los pagos anticipados para evitar desvíos de fondos. La Comisión Europea exige que los adelantos no superen el 80% del presupuesto anual asignado a cada comunidad, límite que Castilla y León respeta con un 95% de su cupo. No obstante, fuentes comunitarias consultadas por ABC han advertido que superar el 90% sin justificación excepcional podría abrir una investigación por malversación de fondos.
