La alcaldesa Begoña Carrasco vincula la medida con el sector cerámico, líder mundial en diseño e innovación, y anuncia su uso en mercados, plazas y edificios municipales
El Ayuntamiento de Castellón ha convertido la cerámica local en requisito obligatorio en sus obras públicas, una decisión que ya se aplica en proyectos como la nueva Biblioteca Municipal 5.0 —que abre mañana—, el Mercado Central o la remodelación de la avenida Ferrandis Salvador. La medida, impulsada por la alcaldesa Begoña Carrasco, busca impulsar un sector que representa el 20% del PIB provincial y genera miles de empleos directos e indirectos.
La Biblioteca 5.0, con 1.378 m² de superficie y cuatro plantas, incorpora 1.674 m² de cerámica castellonense: 1.247 m² en pavimentos y 427 m² en revestimientos de paredes. El proyecto, financiado en un 68% con fondos Next Generation EU (2,6 millones de los 3,86 millones totales), combina tradición, diseño y sostenibilidad. Carrasco destacó que «la cerámica no es solo un producto, sino la piel de Castellón», y anunció su uso en al menos otros seis proyectos municipales, como las Tenencias de Alcaldía Sur y Grao o la Pérgola.
Esta apuesta municipal coincide con la celebración en Bolonia de Cersaie, el mayor evento internacional del sector cerámico, donde empresas castellonenses presentan innovaciones en diseño y tecnología. Según datos de la patronal local, el sector exporta a más de 150 países y factura anualmente 1.200 millones de euros, lo que convierte a Castellón en referente global. La medida municipal, sin embargo, ha generado debate: mientras el sector celebra el respaldo institucional, algunos técnicos municipales consultados por *El Debate* advierten de posibles sobrecostes en licitaciones, aunque Carrasco aseguró que «los precios de la cerámica castellonense son competitivos y de máxima calidad».
El Ayuntamiento justifica la decisión en el marco de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que permite incluir cláusulas sociales y ambientales en pliegos. Sin embargo, la normativa exige que estas cláusulas no distorsionen la libre competencia. La alcaldesa insistió en que «no se trata de proteccionismo, sino de fidelidad a nuestra industria», aunque fuentes del PP local criticaron la medida como «una decisión política que puede perjudicar a otras empresas».
El próximo paso será extender este requisito a futuras licitaciones, aunque su aplicación dependerá de los presupuestos municipales para 2027, aún en negociación. Mientras, la Biblioteca 5.0 se convierte en el primer edificio público de Castellón en aplicar esta política a gran escala, con un 43% de su superficie construida dedicada a la cerámica local.
