La convocatoria, publicada por el Gobierno central, prioriza municipios de La Coruña y Lugo sin cubrir Santiago, Vigo ni A Coruña
El Gobierno central ha lanzado una convocatoria para acceder a **96 viviendas de alquiler asequible** gestionadas por **Casa 47**, la entidad pública creada para impulsar el parque público de alquiler. Las viviendas están distribuidas en municipios de la provincia de **La Coruña** y en **Lugo**, pero **ninguna de ellas se ubica en las principales ciudades de la comunidad autónoma**, como **Santiago de Compostela, Vigo o A Coruña**.
Casa 47, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, gestiona este parque de viviendas con el objetivo de garantizar alquileres accesibles. Según los datos publicados, la oferta se centra en localidades menos pobladas, lo que podría dejar fuera a colectivos con mayor demanda en zonas urbanas. La convocatoria, abierta actualmente, no especifica plazos de solicitud ni requisitos detallados más allá de la disponibilidad de las viviendas.
Esta medida se enmarca en el **Plan Estatal de Vivienda 2022-2025**, que incluye fondos para impulsar el alquiler asequible y combatir la especulación inmobiliaria. Sin embargo, la exclusión de las grandes ciudades —donde los precios son más elevados y la demanda más alta— ha generado críticas previas en sectores como el de los arrendadores y asociaciones de inquilinos. El Gobierno ya había anunciado en 2024 la creación de **10.000 viviendas de alquiler social** en cuatro años, aunque los plazos y la distribución territorial siguen siendo objeto de debate.
La decisión de priorizar municipios menos poblados podría responder a un intento de **descongestionar la presión en zonas urbanas**, pero también refleja las limitaciones presupuestarias para ampliar la oferta en áreas con mayor demanda. Mientras, en Galicia, el **Govern autonómico** ya gestiona su propio parque de viviendas públicas, como el **Plan Galego de Vivienda 2021-2024**, que incluye ayudas al alquiler y la rehabilitación de viviendas. La falta de coordinación entre ambas administraciones ha sido señalada en el pasado como un obstáculo para una política de vivienda más cohesionada.
