La empresa del conselleiro gallego denunció a los temporeros por usurpación de identidad tras una inspección en O Ribeiro
El conselleiro de Empleo, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia, José González Vázquez, ha reconocido este martes que su bodega familiar, Casal de Armán, recibió una sanción administrativa por contratar a migrantes sin papeles durante la vendimia de 2023. Según explicó, el error surgió al confiar en una empresa de trabajo temporal (ETT) que, según la inspección de Trabajo, no verificó correctamente los documentos de los temporeros contratados.
La inspección detectó que los trabajadores que realmente laboraban en las viñas de O Ribeiro no coincidían con los nombres de los listados de la ETT. Ante esto, la bodega presentó una denuncia contra los migrantes por usurpación de identidad, no contra la empresa de contratación. La sanción, según González Vázquez, fue la mínima posible (grado y cuantía legalmente establecidos) y no incluyó agravantes. El conselleiro insistió en que se trata de un «desgraciado incidente» sin relación con la explotación de inmigrantes, aunque admitió que desde entonces la empresa ha reforzado los controles.
González Vázquez, que no es socio de la bodega desde 2018 (cuando asumió su cargo en el Gobierno gallego), defendió la «honorabilidad» de la empresa familiar, que ya había incumplido en 2015 una subvención de 47.000 euros por no cumplir los requisitos legales para acceder a la ayuda. La sanción actual se suma a otro conflicto abierto: la Xunta demora desde 2020 la demolición de un salón de eventos ilegal construido por la empresa en un edificio protegido de Ribadavia, pese a que la justicia lo declaró ilegalizable.
El caso ha reavivado las críticas de partidos como BNG, PSdeG y Sumar, que ya exigen explicaciones al conselleiro. González Vázquez, sin embargo, rechazó entrar en el debate político y se limitó a reiterar que fue un error de gestión ajeno a su participación actual en la empresa.
La sanción fue revelada este martes por elDiario.es y confirmada por Praza.gal, y se produjo en el marco de una campaña de vigilancia en O Ribeiro que abrió el expediente contra Viña Campinas SL, filial del grupo Casal de Armán. La empresa, de la que González Vázquez tenía participaciones hasta su entrada en el Gobierno gallego en 2018, fue citada por la inspección por infracción administrativa, aunque el conselleiro aseguró que la denuncia se dirigió a los temporeros que usurparon la identidad de los trabajadores legalmente contratados a través de la ETT.
