Las piezas, valoradas en 1,3 millones, incluyen regalos saudíes y requieren análisis de gemas, metales y grabados para determinar su procedencia
El juez de la Audiencia Nacional **José Luis Calama** ha encargado a la firma **Yanes** —heredera de una saga toledana fundada en 1806— un peritaje exhaustivo sobre las **joyas intervenidas a José Luis Rodríguez Zapatero**, valoradas inicialmente en **1,3 millones de euros**. El objetivo es identificar metales, piedras preciosas, marcas y grabados que permitan reconstruir su procedencia, un paso clave para determinar su posible relevancia penal.
Las piezas, intervenidas el **19 de mayo** en el despacho de Zapatero en Ferraz 35, incluyen un **collar de oro blanco con diamantes y esmeraldas de Zambia** (278.000 €) y otro con **13 zafiros de Tailandia** (220.000 €). El informe de Yanes, que analizará seis dictámenes gemológicos previos, deberá precisar también el área geográfica de fabricación y el origen de las gemas, además de su valor actual.
Zapatero sostiene que las **tres joyas más valiosas** son un regalo personal del **rey Abdalá de Arabia Saudí** durante una visita oficial en **junio de 2007**, y ha solicitado al juez que verifique esta versión con las autoridades saudíes. La defensa aún no ha aclarado el destino de las piezas restantes, cuya procedencia podría vincularse a otros episodios de su vida pública.
La elección de Yanes —con raíces en **San Martín de Pusa (Toledo)** y vinculada históricamente a la realeza española— añade un matiz simbólico al caso. Fundada en 1806, la firma ha trabajado para la **Casa Real** (reprodujo piezas del Palacio Real) y ha vestido a reinas como **Sofía y Letizia**. Ahora, su quinto generación —representada por **Cristina, Juan y Luis Yanes**— enfrenta uno de sus encargos más delicados: descifrar si las joyas de Zapatero guardan secretos más allá de su valor material.
El peritaje, considerado «pertinente» por Calama, se suma a un caso que ya ha generado tensiones políticas. Mientras la Fiscalía investiga posibles irregularidades, la defensa del expresidente apuesta por demostrar que las piezas son regalos oficiales, un escenario que podría aliviar —o agravar— las sospechas sobre su gestión patrimonial durante y después de su mandato (2004-2011).
