La Comisión da dos meses al Gobierno para responder a la carta de apercibimiento antes de un posible dictamen motivado y sanción del Tribunal de Justicia de la UE
La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por no haber remitido la actualización de su plan de preparación ante apagones eléctricos, un plazo que venció el 5 de enero de 2026 y que Bruselas ya había advertido en su paquete trimestral de incumplimientos. El expediente, que incluye también a Francia y Bélgica, podría derivar en una condena del Tribunal de Justicia de la UE e incluso en una multa económica si el Gobierno no actúa en los próximos dos meses.
La carta de apercibimiento enviada el jueves a España obliga al Ejecutivo a presentar el plan actualizado —o al menos un borrador— antes del 5 de diciembre. Si la respuesta no es satisfactoria, Bruselas enviará una carta motivada detallando las medidas concretas que debe adoptar el Gobierno, antes de trasladar el caso al tribunal europeo. La Comisión recuerda que este plan es una herramienta clave para evitar cortes de suministro por causas como climas extremos, ciberataques o escasez de combustible, y que su actualización cada cuatro años es obligatoria desde 2022 para todos los Estados miembros.
El incumplimiento español se suma a otros expedientes abiertos por Bruselas, como el reciclaje de paneles solares, donde España ya recibió un dictamen motivado en septiembre por no haber traspuesto completamente la directiva europea que obliga a los productores de paneles instalados antes de 2005 a asumir los costes de su reciclaje. En ese caso, el Gobierno tiene también dos meses para adoptar las medidas necesarias o enfrentarse a un juicio ante el Tribunal de Justicia.
Bruselas da dos meses a España para responder al apercibimiento
En 2023, Bruselas ya sancionó al país con una multa de 1,2 millones de euros por no cumplir con la normativa de mercado eléctrico mayorista, aunque en ese caso el Gobierno logró evitar una segunda sanción al presentar un plan correctivo. Sin embargo, este nuevo expediente es más grave: no se trata de un incumplimiento puntual, sino de una obligación recurrente (cada cuatro años) que España arrastra desde que la normativa entró en vigor.
Además, el retraso en el plan antiapagones coincide con una alerta creciente por la vulnerabilidad del sistema eléctrico español, marcado por la dependencia de energías renovables intermitentes y la falta de inversiones en redes de transporte. Según datos de Red Eléctrica de España (REE), el país registró en 2025 17 incidentes graves que afectaron a más de 50.000 usuarios, un 40% más que en 2024. La Comisión Europea ha insistido en que estos planes son esenciales para mitigar riesgos transfronterizos, ya que un apagón en España podría afectar a países vecinos como Portugal o Francia, que comparten redes eléctricas.
La presión de Bruselas aumenta en un contexto de tensiones políticas por la gestión energética: mientras el PP y Vox exigen más inversiones en infraestructuras, el PSOE defiende que el plan ya existe y solo requiere ajustes menores.
El precedente de otros países y el riesgo de sanción
Francia y Bélgica, los otros dos países expedientados junto a España, ya recibieron cartas motivadas en 2025 por el mismo incumplimiento. Francia, además, fue sancionada en 2024 con 2,5 millones de euros por no cumplir con la normativa de interconexiones eléctricas. El caso español podría repetir este patrón: si el Gobierno no presenta una respuesta satisfactoria en diciembre, la Comisión enviará el expediente al Tribunal de Justicia de la UE, donde otros países como Hungría o Polonia han sido condenados en los últimos años por incumplir directivas energéticas.
Las multas impuestas por el tribunal europeo no son simbólicas: en 2021, Italia pagó 20 millones de euros por no cumplir con la normativa de emisiones de CO₂, y en 2023, Alemania fue sancionada con 10 millones por retrasar la transición energética. Aunque España aún no ha recibido una sanción de este calibre, el riesgo es real: la Comisión ha dejado claro que no tolerará más demoras en un sector crítico como el eléctrico, especialmente en un contexto de crisis climática y dependencia energética que afecta a toda la UE.
Mientras, el Parlamento Europeo ha aumentado la presión sobre los Estados miembros. En un informe aprobado en julio de 2026, los eurodiputados advirtieron de que el 60% de los países de la UE incumplen al menos una directiva energética, y exigieron mecanismos de ejecución más rápidos. España, con dos expedientes abiertos simultáneamente (apagones y reciclaje de paneles), podría convertirse en uno de los casos más visibles de este problema.
