El expresidente vincula los dos decretos con las leyes de 1946 y 1964 y advierte de efectos negativos para arrendatarios jóvenes
José María Aznar ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «resucitar» políticas de vivienda propias del franquismo con los dos decretos aprobados esta semana, en un comunicado donde vincula las medidas actuales con las leyes de 1946 y 1964.
El expresidente del Gobierno afirma que el Ejecutivo, que «exhumó el cadáver de Franco», adopta ahora un modelo intervencionista similar al de la dictadura, con «control de precios, prórrogas forzosas y penalización a propietarios de viviendas vacías». Aznar cita al economista Francisco Cabrillo, quien señalaba que la ley franquista de 1946 permitía denuncias contra estos propietarios y alquileres forzosos por parte del gobernador civil, comparándolo con los mecanismos actuales del Gobierno.
Las medidas antidesahucios, según Aznar, «empeorarán la situación, precisamente, de los arrendatarios con menos garantías de solvencia a medio plazo», con quienes «nadie querrá firmar un contrato», especialmente los jóvenes. También advierte de que la exclusión de fondos de inversión sitúa al Ejecutivo como árbitro de quién podrá comprar determinados inmuebles y de que la intención del Gobierno es acabar «normalizando» la intervención del mercado.
El contexto: los decretos aprobados por el Gobierno buscan limitar el alquiler turístico, regular precios en zonas tensionadas y proteger a inquilinos frente a desahucios. Aznar vincula las medidas con las leyes franquistas de 1964 y 1946 por el control de precios, las prórrogas forzosas y la penalización a viviendas vacías. La polémica refleja el debate sobre el intervencionismo estatal en el mercado inmobiliario, con el PP y sectores liberales en contra y el Gobierno defendiendo su enfoque como herramienta para abordar la crisis de acceso a la vivienda.
Aznar menciona de forma irónica el casoplón de Galapagar, el pisito de la Jessi, la fontanería corrupta y los cascotes de la normalidad en Ceuta.
En su comunicado, Aznar también señala que el decreto establece un límite de 30 días para la renovación de contratos de alquiler turístico, una medida que, según él, recuerda a las restricciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, y que pretende frenar la especulación en zonas turísticas de alta demanda.
