La Agencia Valenciana Antifraude investiga también si el nombramiento de Alejandro García fue un ‘proceso teledirigido’ para colocar a alguien afín a la delegada del Gobierno
La Agencia Valenciana Antifraude (AVAL) ha abierto una investigación que salpica directamente a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, al reclamar 31.000 euros a dos de sus exasesores por abandonar sus puestos en fundaciones públicas sin el preaviso legal de tres meses. Se trata de Javier Mateo, exconcejal socialista en Valencia, y Alejandro García, exsubdirector de Promoción Institucional de la Fundación Deportiva Municipal (FDM).
Ambos abandonaron sus cargos en 2022 y 2023, respectivamente, para incorporarse a puestos de confianza en el equipo de Bernabé —Mateo como concejal y García como jefe de Prensa—, sin cumplir el plazo de preaviso establecido en el artículo 10.1 de la ley. La AVAL considera que su salida no se ajusta a ninguna excepción legal y les exige indemnizar a las fundaciones: 17.116,59 euros a García y 14.211,76 euros a Mateo.
El informe de Antifraude va más allá y cuestiona la legalidad del proceso que llevó a García a su puesto en la FDM. La agencia señala «diversos elementos» que sugieren un posible «proceso teledirigido» para colocar a alguien afín a Bernabé. Entre ellos, destaca un documento previo a la convocatoria que anticipaba la identidad del candidato seleccionado y la falta de herramientas objetivas para evaluar las puntuaciones en el proceso selectivo. Además, subraya que Bernabé, Mateo y García forman parte de la ejecutiva del PSPV-PSOE, lo que, según el informe, «justifica iniciar una investigación sobre la creación y provisión del puesto».
La investigación se enmarca en un contexto más amplio: AVAL ya había puesto el foco en subvenciones gestionadas por el Gobierno valenciano, como los 80.000 euros destinados al Congreso de UGT, y ahora amplía su alcance a instituciones locales y autonómicas gobernadas por el PSPV-PSOE y Compromís. El caso refleja tensiones internas en el partido socialista valenciano, donde figuras como Bernabé —nombrada delegada del Gobierno por Pedro Sánchez en 2023— acumulan polémicas por supuestos favores a cargos de confianza.
Para las fundaciones afectadas, la indemnización no es solo un tema económico, sino una cuestión de legalidad. La AVAL argumenta que la falta de preaviso «pudo determinar la pérdida definitiva de un derecho económico», algo que ahora busca reparar. Mientras, el PSPV-PSOE aún no ha reaccionado oficialmente, aunque fuentes internas reconocen que los casos podrían generar «malestar» en un partido ya marcado por disputas internas y acusaciones de nepotismo.
