La administración estadounidense impone sanciones a Tomoko Akane y otro magistrado por investigar a funcionarios de gobiernos que no reconocen la jurisdicción de la CPI
Estados Unidos anunció sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, y otro alto magistrado, Abdoulaye Seye, en el marco de su campaña contra esta institución a la que acusa de estar «politizada».
El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que «estas personas se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción» de ese tribunal.
Antecedentes de la relación entre Estados Unidos y la CPI
Estados Unidos no suscribió el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional en 2000, y no reconoce la jurisdicción de ese tribunal permanente con sede en La Haya que se ocupa de casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Implicaciones de las sanciones
La administración Trump ha impuesto sanciones -con prohibición de viaje a Estados Unidos y congelación de activos en este país- a varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente debido a sus investigaciones sobre Israel, uno de sus aliados clave.
La CPI emitió en 2024 una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y del exministro de Defensa Yoav Gallant por la guerra en Gaza, así como contra varios miembros de Hamás, todos ellos asesinados.
El magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien también figura entre los sancionados por Washington, se desempeña en la actualidad como sustituto del fiscal de la CPI, situándolo en el centro del accionar legal que la diplomacia estadounidense busca penalizar. Estas medidas restrictivas profundizan la confrontación directa de Washington contra las autoridades del tribunal de La Haya, en un intento de frenar los procedimientos judiciales internacionales dirigidos contra líderes de Estados no signatarios del Estatuto de Roma.
