La asociación reclama intérpretes permanentes, triplicar las guardias y movilizar fiscales voluntarios del resto de España
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha solicitado refuerzos inmediatos para la Fiscalía de Ceuta, que cuenta con solo ocho fiscales efectivos, tras la entrada masiva de 80.000 personas procedentes de Marruecos entre el 30 y el 31 de julio, un episodio que dejó 83 muertos.
La asociación, que representa a fiscales en España, denuncia que la situación «desborda la capacidad ordinaria» de la Fiscalía ceutí, donde los profesionales realizan hasta 200 entrevistas diarias a menores no acompañados para determinar su edad. La UPF exige triplicar el servicio de guardia, actualmente duplicado, y un intérprete permanente para atender «cientos de entrevistas en determinadas jornadas», una medida que considera «imprescindible» para garantizar derechos básicos.
Además, la UPF alerta de que la bolsa de fiscales sustitutos en Ceuta «ha quedado desierta», por lo que propone facilitar el desplazamiento voluntario de fiscales de otras comunidades autónomas. «Una crisis que afecta al Estado no puede ser soportada exclusivamente por los ocho fiscales destinados allí», subraya la asociación, que reclama al Ministerio de Justicia «mecanismos jurídicos, organizativos y económicos» para hacer viable este traslado temporal.
La Fiscalía de Ceuta asume también casos de trata de seres humanos, violencia de género y protección internacional, ámbitos donde la UPF insiste en que «la emergencia no puede rebajar las garantías» de los afectados. La asociación pide un reconocimiento institucional explícito para los fiscales y funcionarios una vez superada la crisis, aunque advierte: «Nuestro orgullo por su entrega no puede convertirse en la coartada para normalizar su sobreesfuerzo».
La UPF solicita a la Fiscalía General del Estado que monitorice permanentemente las necesidades de Ceuta y al Ministerio de Justicia que atienda «con máxima celeridad» sus demandas. En su comunicado, la asociación concluye: «No necesitamos héroes para sostener el Estado de derecho, necesitamos que el Estado de derecho sostenga a quienes lo defienden».
Fuente: La Razón
