El presidente advierte desde la tribuna del Congreso de que la historia juzgará a quienes rechacen unas medidas que admite que no resolverán solas el problema
Pedro Sánchez ha intervenido este viernes por sorpresa desde la tribuna del Congreso y ha lanzado un ultimátum a PP, Junts y Vox para que convaliden los decretos de vivienda, advirtiendo de que, de no hacerlo, «la historia les juzgará antes de lo que creen».
Desde la tribuna, el presidente ha pedido a los grupos que se olviden del ‘cálculo político’ y de las ‘presiones de arriba’ y piensen en la gente, entre ellos jóvenes que no pueden independizarse, familias desahuciadas y jubilados. Les ha advertido de que sus vidas, su futuro y su dignidad dependen en buena medida de lo que voten, y ha defendido que las medidas son ‘necesarias, razonables y equilibradas’ y buscan frenar la especulación.
Sánchez ha presentado los decretos como fruto de meses de análisis y negociación y ha admitido que ‘no van a resolver por sí solas’ los problemas de vivienda. Ha valorado que hay días en los que se debaten medidas que transforman la vida de la gente.
La votación está prevista para hoy, tras una jornada en la que cargos del Gobierno y del PSOE han abogado por un adelanto electoral. Sánchez ha insistido en que entre las medidas ‘no hay extremismos’ y ha advertido de que el ‘daño’ por un rechazo recaería en quienes voten ‘no’, no en la ‘troika’ ni en los bancos.
El presidente ha instado a los grupos a demostrar si su preocupación por los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar al Gobierno.
Actualización (02 de octubre a las 14:21):
Bravo afirma que los precios subieron un 74% desde 2018, Vox advierte de menos oferta y Nogueras pide retirar la norma y negociar otra
Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, Carlos Hernández Quero, portavoz de Vivienda de Vox, y Miriam Nogueras, diputada de Junts, han rechazado el miércoles en el Congreso el decreto ley de vivienda aprobado por el Gobierno, que incluye la prohibición de desahucios para personas vulnerables y la prórroga de contratos de alquiler por dos años. Las tres formaciones, que ya habían anunciado su oposición a la norma, han ratificado su postura durante el debate parlamentario.
Bravo ha acusado al Gobierno de «cargarse» el mercado inmobiliario, citando un aumento del 74% en los precios de la vivienda y del 45% en los alquileres entre 2018 y 2026, además de un déficit de 700.000 viviendas y «peores datos históricos» en emancipación. Según el diputado popular, el decreto no habría evitado el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, porque el Ayuntamiento de Madrid le ofreció alternativas habitacionales. El PP votará en contra, argumentando que la medida «obvia» el problema real: la falta de oferta de viviendas.
Vox ha advertido de que el decreto agravará la crisis, retirando pisos del mercado, fomentando la selección de inquilinos por renta y expulsando a quienes tienen menores ingresos, lo que, según Hernández Quero, «solo subirá los precios». El portavoz de Vox ha acusado al Gobierno de buscar movilizar a un espacio electoral dormido y ha criticado a los diputados de decrecimiento y control de alquileres por su responsabilidad en la subida de precios.
Por su parte, Miriam Nogueras, de Junts, ha tachado el decreto de «mentiras y falsas esperanzas», asegurando que no prohíbe la compra de viviendas por fondos especulativos ni frena la especulación. Nogueras ha exigido retirar la norma y negociar una nueva, centrada en «seguridad jurídica» y políticas que aumenten la oferta de vivienda. La diputada ha defendido leyes que funcionen y que solucionen los problemas, y ha remarcado que la prioridad de Junts es generar seguridad jurídica y aumentar la oferta de vivienda.
El decreto, aprobado por el Gobierno, afronta el rechazo de PP, Vox y Junts, que lo consideran insuficiente para resolver la crisis de vivienda.
Prohibición de desahucios y prórroga de contratos de 2 años
Las críticas de la oposición se centran en tres puntos:
Falta de oferta real: El PP argumenta que el problema no son los desahucios, sino el déficit de 700.000 viviendas, y que las medidas no aumentan la construcción de nuevos pisos.
Especulación y fondos buitre: Vox y Junts señalan que el decreto no regula la compra de viviendas por fondos especulativos, lo que perpetúa la subida de precios.
Falta de alternativas: El PP sostiene que el decreto no habría evitado el desahucio de Maricarmen porque el Ayuntamiento de Madrid le ofreció alternativas habitacionales.
Además, el PP reprocha al Gobierno que intente arreglar en cuatro días lo que lleva ocho años destrozando.
Requiere 7 votos, PP, Vox y Junts suman 150 escaños
El decreto ley de vivienda deberá convalidarse en el Congreso para seguir vigente. Sin embargo, PP, Vox y Junts han anunciado su voto en contra, mientras el Gobierno busca apoyos entre sus socios parlamentarios.
Retirar el decreto: Junts ya ha exigido su retirada y negociar una nueva norma, mientras el PP y Vox mantienen su oposición.
Tramitarlo como ley ordinaria: El Gobierno podría intentar convertirlo en proyecto de ley, pero requeriría un proceso más largo y enfrentaría nuevas resistencias.
Compromís no ha emitido respuesta oficial y la Mesa del Congreso podría iniciar una investigación si se formaliza la denuncia
Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, ha denunciado este viernes 2 de octubre intentos de intimidación por parte de un diputado de Compromís durante una jornada marcada por alta tensión en el hemiciclo.
La acusación se produce en un contexto de creciente polarización en la Cámara Baja, donde los enfrentamientos verbales y las tensiones entre grupos parlamentarios han aumentado en los últimos meses. Muñoz detalló en su denuncia, publicada en la red social X, que el incidente ocurrió en el interior del Congreso, aunque no se han especificado más detalles sobre el episodio.
Compromís, por su parte, no ha reaccionado oficialmente a la denuncia hasta el momento. Este tipo de incidentes, aunque no son habituales, reflejan el clima de confrontación que se ha instalado en la política española, especialmente en temas como la gestión de crisis sociales o las reformas legislativas en trámite.
El Congreso de los Diputados, como órgano legislativo máximo del Estado, suele ser escenario de debates intensos, pero los episodios de intimidación directa entre diputados son raros y suelen ser objeto de atención mediática y parlamentaria. La Mesa del Congreso, encargada de garantizar el orden en el hemiciclo, podría investigar los hechos si se formaliza una denuncia concreta.
