El presidente canario compara la tramitación exprés con un estudiante que no estudia para el examen
Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ha rechazado el viernes el decreto ley exprés de vivienda aprobado por el Ejecutivo central, al que acusó de «legislar deprisa y corriendo». En declaraciones recogidas por ABC, comparó la medida con «el estudiante que no ha estado haciendo la tarea y que ay, Dios mío, que mañana es el examen».
El decreto, publicado este mismo viernes, introduce cambios urgentes en el mercado de alquiler y compraventa de viviendas, aunque su tramitación exprés ha generado críticas desde varias formaciones políticas y gobiernos autonómicos. Clavijo, que gobierna en coalición con Nueva Canarias y Podemos, no ha detallado qué aspectos concretos del texto le parecen inadecuados, pero su postura refleja el malestar de las comunidades autónomas por la falta de consulta previa.
Canarias, con un mercado inmobiliario pensionado por el turismo masivo y la escasez de suelo, depende en gran medida de ayudas estatales para políticas de vivienda. El Gobierno autonómico ha impulsado en los últimos años medidas como el bono alquiler joven o la exención fiscal para viviendas turísticas vacías, pero la falta de coordinación con Madrid ha sido recurrente. Este decreto, sin embargo, no incluye transferencias económicas directas a las autonomías, lo que limita su capacidad de ejecución.
La oposición en Canarias, liderada por el PP y Vox, ha celebrado la medida como un avance, aunque con matices. El PP canario exigió ayer que se incluya un fondo específico para la rehabilitación de viviendas en zonas rurales, algo que el decreto omite. Mientras, Podemos y Nueva Canarias, socios de Clavijo, han mostrado reservas por la falta de medidas para regular el precio de los alquileres en zonas turísticas, un tema clave en el archipiélago.
El decreto entrará en vigor el próximo 15 de octubre, aunque su aplicación práctica dependerá de los recursos que el Gobierno central destine a su desarrollo. La polémica por la tramitación exprés podría extenderse a otras comunidades, donde varios presidentes autonómicos han anunciado que revisarán el texto antes de su aplicación.
