El president catalán exige «interpelar» al Poder Judicial por su postura en la Ley de Amnistía y cita a Sánchez como ejemplo de «políticos que tratan de hacer justicia»
Salvador Illa, president de la Generalitat, acusó el miércoles a parte de la judicatura catalana y española de «hacer política» durante el debate de política general (DPG) en el Parlament, vinculando su imparcialidad a la independencia de Cataluña. Illa aseguró que «una gran parte de la sociedad catalana y española tienen dudas sobre la imparcialidad de algunos jueces», especialmente por su postura en la aplicación de la Ley de Amnistía a los líderes del procés.
El president defendió que la independencia judicial solo es posible si Cataluña es un Estado soberano y exigió que estas dudas «interpelen» a los responsables del Poder Judicial. Illa reiteró su compromiso con la amnistía, que calificó como «punto de partido, no de llegada», para resolver las tensiones políticas heredadas de los últimos años.
La declaración de Illa llega en un contexto de creciente tensión entre el Govern y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha bloqueado medidas clave del Ejecutivo catalán. El TSJC ya había rechazado en julio la amnistía para los líderes independentistas, argumentando que vulneraba la Constitución. Además, el Tribunal Supremo mantiene abiertas causas contra figuras como Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, lo que refuerza la percepción de parcialidad desde el Govern.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había criticado en junio a jueces por «hacer política», en referencia a casos como el de su esposa, Begoña Gómez, investigada por corrupción. Sánchez llegó a acusar al juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso, de «no ser imparcial» en el programa El Intermedio de La Sexta el pasado 14 de septiembre.
La intervención de Illa en el Parlament no solo refleja la estrategia del Govern para presionar al Poder Judicial, sino también una línea de acción compartida con el PSOE. Ambos partidos han intentado, sin éxito, influir en decisiones judiciales, lo que ha generado críticas desde la oposición, especialmente del Partido Popular y Vox, que denuncian una «politización de la justicia».
