María Dolores Jiménez, exjefa de Protección Civil de la Junta, liderará un plan local que incluye renovación de flota policial y sala de emergencias con comunicaciones satelitales
El Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha este 1 de octubre una dirección general de Emergencias, Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Vía Pública, un puesto de nueva creación que ocupará María Dolores Jiménez Navarro, ingeniera industrial y exjefa del Servicio de Protección Civil de la Junta de Andalucía. Su nombramiento, aprobado el pasado 28 de septiembre en Junta de Gobierno Local, responde a la necesidad de centralizar la gestión de riesgos en una ciudad con antecedentes recientes como los tornados de 2023, los incendios en Trasierra o el fuego en la Mezquita-Catedral.
Jiménez, con más de dos décadas de experiencia en planes de emergencia —incluyendo su etapa como coordinadora de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA)—, asumirá la coordinación entre Policía Local, bomberos, protección civil y servicios municipales para diseñar un nuevo Plan Local de Emergencias. El alcalde, José María Bellido, destacó que este refuerzo llega tras inversiones recientes como la renovación de la flota policial (12 vehículos nuevos), la construcción de un tanque de tormentas o la dotación de desfibriladores y detectores de metales para patrullas.
El nuevo organigrama se enmarca en un contexto de mayor exigencia operativa, según Bellido, quien citó como ejemplos la gestión de la tragedia ferroviaria de Adamuz (2025) o la acogida a familiares de víctimas. La dirección general también tendrá competencias en seguridad vial y protocolos de desalojo, áreas donde Córdoba registró en 2025 un 30% más de emergencias por inundaciones que la media andaluza, según datos de la Delegación del Gobierno.
El perfil de Jiménez —especializada en gestión de calidad y contaminación— llega en un momento clave para Córdoba, donde el Plan Andaluz de Protección Civil 2026-2030 prioriza la coordinación municipal ante fenómenos extremos. Su nombramiento, sin embargo, ha generado cuestionamientos desde la oposición, que pide transparencia sobre los 20 millones de euros invertidos en los últimos dos años en infraestructuras de emergencia, fondos que no han sido detallados públicamente.
