Roger Mariaca y Alberto Zeballos, vinculados a supuestos lazos con narcotráfico, son arrestados dos días después de la decisión de Washington
La Policía de Bolivia detuvo el miércoles al fiscal general del país, Roger Mariaca, y al fiscal de Santa Cruz, Alberto Ceballos, dos días después de que Estados Unidos les cancelara sus visados por supuestos vínculos con el narcotráfico. La detención se produjo tras una decisión del Gobierno boliviano, confirmada por una fuente del Ministerio de Gobierno (Interior) a la agencia AFP.
Mariaca y Ceballos son los primeros fiscales en ser sancionados por Washington en el marco de una estrategia más amplia contra el crimen organizado en la región. La cancelación de sus visados, anunciada el lunes, se enmarca en una lista de funcionarios bolivianos investigados por presuntas conexiones con el tráfico de drogas, según informes de prensa local. La detención de ambos responde a una investigación en curso sobre posibles irregularidades en el sistema judicial boliviano vinculadas a redes criminales.
El fiscal general de Bolivia, cargo equivalente al Ministerio Público en España, tiene competencias para supervisar y dirigir las investigaciones penales en todo el país, incluyendo casos de corrupción y delitos graves. Su detención, junto a la de Ceballos —fiscal regional con jurisdicción en el departamento de Santa Cruz, clave en la producción de coca—, refuerza la presión internacional sobre el Gobierno de Luis Arce para actuar contra el narcotráfico, un tema que ha generado tensiones con EE.UU. en los últimos meses.
La decisión de Washington, anunciada el pasado lunes, forma parte de una estrategia más amplia para cortar los flujos de drogas desde Bolivia, uno de los mayores productores de cocaína del mundo. Según datos de la ONU, Bolivia registró en 2025 un aumento del 15% en cultivos de coca respecto a 2024, lo que ha intensificado la colaboración entre agencias estadounidenses y gobiernos regionales. La detención de Mariaca y Ceballos podría acelerar una purga en el Ministerio Público boliviano, donde ya hay investigaciones abiertas contra otros fiscales por supuestos conflictos de interés.
El Gobierno de Arce, que ha negado cualquier vinculación con el narcotráfico a nivel estatal, enfrenta ahora el desafío de demostrar su compromiso con la lucha contra el crimen organizado sin desestabilizar el sistema judicial. La detención de los dos fiscales llega en un momento de alta tensión política en Bolivia, donde el presidente Arce ha intentado equilibrar las demandas de reforma judicial de la oposición con las presiones internacionales por combatir el tráfico de drogas.
