El juez Douglas Borda ordenó la medida mientras se acumulan procesos por presunto feminicidio, enriquecimiento ilícito y violencia familiar contra el consultor argentino
El juez Douglas Borda decretó este sábado que el consultor político argentino Fernando Cerimedo permanezca seis meses en detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chinchorro, en el altiplano de La Paz.
La decisión se produce tras una audiencia virtual de seis horas en la que se confirmó la medida pese a la objeción de la defensa, que advirtió que el traslado pondría en riesgo la vida del detenido.
Cerimedo ya está recluido por un proceso de presunta tentativa de feminicidio contra su expareja, la abogada Nadia Beller, y enfrenta además una causa por supuesto enriquecimiento ilícito que la Fiscalía abrió de oficio después del ataque armado sufrido por Beller el 17 de agosto.
El abogado Ernesto Giraldes sostuvo que la Fiscalía no pudo demostrar cómo Cerimedo habría afectado al Estado boliviano y señaló que la acusación de enriquecimiento se basa en publicaciones en redes sociales de la propia Beller.
En su defensa, Cerimedo afirmó que nunca recibió ni retiró dinero del Estado y que los fondos hallados en su vivienda estaban destinados al alquiler de oficinas y a la compra de mobiliario para su familia, mientras que sus ingresos anuales superan el millón de dólares y provienen de empresas en Argentina, Chile y Estados Unidos.
Los casos han reavivado el debate sobre la relación del argentino con el presidente boliviano Rodrigo Paz; detractores como Evo Morales y el vicepresidente Edmund Lara lo acusan de asesor personal, mientras que Cerimedo reconoce una amistad, pero niega haber firmado contrato ni ejercer influencia en el gobierno.
El proceso también incluye una tercera causa por violencia familiar y doméstica en julio contra Beller, lo que complica la situación judicial del consultor.
La medida preventiva se suma a la creciente presión internacional sobre Bolivia para garantizar el debido proceso, ya que organizaciones de derechos humanos han pedido que se respeten las garantías de defensa y se eviten detenciones arbitrarias.
Durante la audiencia, el juez no explicó cuál de los dos procesos –el de feminicidio o el de enriquecimiento ilícito– tiene prioridad para la ejecución de un eventual traslado del detenido.
Asimismo, la Fiscalía abrió el proceso de enriquecimiento de oficio apenas unas horas después de la aprehensión de Cerimedo por el ataque armado que sufrió su expareja el 17 de agosto, lo que subraya la rapidez con la que se han acumulado las acusaciones en su contra.
Fuente: Agencia EFE
