La víctima, de 45 años, no tenía hijos menores ni denuncias previas contra su expareja, presunto autor
El Ministerio de Igualdad ha confirmado el presunto feminicidio por violencia de género de una mujer de 45 años en la provincia de Málaga, ocurrido el 21 de julio de 2026. La víctima fue asesinada presuntamente por su expareja, sin que existieran denuncias previas por este tipo de violencia ni hijos menores a su cargo.
Con este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia en la pareja o expareja asciende a 36 en lo que va de 2026 y a 1.377 desde 2003, año en el que se comenzaron a recopilar estos datos de forma sistemática en España. La cifra refleja la persistencia de un fenómeno que, pese a los avances legales y sociales, sigue cobrándose vidas.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su condena y rechazo a este nuevo caso. Ambas instan a redoblar los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y la sociedad para prevenir nuevas muertes, subrayando la necesidad de actuar con urgencia.
El Ministerio recuerda que el teléfono 016, las consultas online, el WhatsApp 600 000 016 y el chat en violencia genero.igualdad.gob.es ofrecen asesoramiento las 24 horas en 53 idiomas, con atención jurídica de 8:00 a 22:00. En emergencias, el 112, el 091 (Policía Nacional) o el 062 (Guardia Civil) activan protocolos de protección, mientras que la app ALERTAOS permite enviar alertas con geolocalización.
En este contexto, es importante recordar que la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada en 2004, establece un marco legal para la prevención y el tratamiento de la violencia de género. La ley establece la creación de un sistema de alerta temprana para detectar y prevenir la violencia de género, así como la creación de un registro de personas que han cometido violencia de género.
Además, la ley establece la creación de un programa de protección para las víctimas de violencia de género, que incluye la asignación de un número de teléfono y un correo electrónico para que las víctimas puedan comunicarse con las autoridades y recibir asesoramiento y apoyo.
Fuente: La Moncloa
