El vicepresidente andaluz de Vox, Manuel Gavira, presenta un inventario de 16.460 disposiciones desde 1979 y revisará casi mil procedimientos administrativos para reducir plazos y requisitos
Manuel Gavira, vicepresidente de la Junta de Andalucía y único consejero de Vox en el Gobierno de Juanma Moreno (PP), ha presentado este miércoles el primer Plan de Calidad y Simplificación Normativa de la Administración autonómica, un proyecto que revisará 461 normas y 950 procedimientos administrativos para reducir plazos, documentos y requisitos. El plan, aprobado por el Consejo de Gobierno, se enmarca en el decreto de simplificación administrativa de 2019 y tendrá una vigencia de dos años.
Gavira, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo, ha destacado que esta iniciativa marca «el primer paso en el camino hacia la desregulación», una de las competencias clave de su departamento. El objetivo es mejorar la vida de los ciudadanos eliminando trámites innecesarios y modernizando la gestión administrativa.
El plan se estructura en tres ejes principales. El primero se centra en analizar las 461 normas vigentes para identificar aquellas que sean obsoletas, redundantes o carezcan de aplicación efectiva. Según el diagnóstico realizado, la Junta de Andalucía acumula un total de 16.460 disposiciones desde 1979, de las cuales 10.682 siguen vigentes. Este eje busca avanzar en la derogación de normas que ya no cumplen su función original.
El segundo eje actúa sobre 377 procedimientos administrativos para revisar su tramitación y reducir cargas tanto para ciudadanos como para empresas. Entre las medidas previstas están la simplificación de plazos, la eliminación de documentos innecesarios, la supresión de informes redundantes y la sustitución de autorizaciones por declaraciones responsables o comunicaciones. Además, se evaluarán los procedimientos con silencio administrativo desestimatorio, especialmente en autorizaciones, para determinar si pueden pasar a un silencio positivo o, en caso contrario, justificar su mantenimiento por razones de interés general, necesidad y proporcionalidad.
El tercer eje abarca 950 procedimientos para garantizar que el Catálogo de Procedimientos y Servicios de la Junta esté permanentemente actualizado. Esto incluye verificar que los ciudadanos, autónomos y empresas encuentren información precisa sobre requisitos, documentación necesaria, plazos aplicables y trámites actualizados al iniciar cualquier gestión.
El decreto de 2019 impulsa la modernización normativa andaluza
Este plan se desarrolla en cumplimiento del decreto de simplificación administrativa aprobado en 2019 por el Gobierno andaluz, que ya preveía la necesidad de revisar y modernizar la normativa autonómica. La iniciativa responde a una demanda recurrente en el ámbito empresarial y ciudadano, que denuncia la complejidad y lentitud de los trámites administrativos en Andalucía.
El inventario de normas vigentes —10.682 disposiciones desde 1979— refleja la acumulación normativa de décadas, un problema común en muchas administraciones públicas. Según datos del propio Gobierno autonómico, este volumen de normativa genera inercia burocrática y dificulta la adaptación a nuevas realidades sociales y económicas. La revisión sistemática que propone el plan busca reducir este lastre administrativo, alineándose con políticas de desregulación impulsadas por partidos como Vox y, en menor medida, por el PP a nivel autonómico.
La desregulación se convierte en eje de gobierno PP‑Vox en Andalucía
La presentación del plan ha tenido lugar en un contexto de coalición entre PP y Vox en Andalucía, donde la desregulación se ha convertido en uno de los ejes de gobierno compartido. Gavira, como único consejero de Vox en el Ejecutivo, ha utilizado esta iniciativa para reforzar su imagen como impulsor de medidas prácticas que beneficien a ciudadanos y empresas, un discurso clave para su partido en el ámbito autonómico.
Sin embargo, el éxito del plan dependerá de su ejecución real. Aunque el inventario de normas y procedimientos a revisar es amplio, la experiencia en otras comunidades autónomas sugiere que la simplificación normativa suele encontrar resistencia en las propias consejerías, donde la burocracia y los intereses departamentales pueden frenar cambios significativos. La Junta tendrá que garantizar que las revisiones no se queden en un mero ejercicio de diagnóstico, sino que se traduzcan en derogaciones efectivas y procedimientos más ágiles.
Además, el plan incluye medidas para homogeneizar el lenguaje administrativo y facilitar su comprensión por parte de los ciudadanos. Esto podría suponer un avance en la transparencia y accesibilidad de la Administración andaluza, aunque su impacto real dependerá de cómo se apliquen estos criterios en la práctica.
Por último, el plan se aplicará de forma transversal a todas las consejerías, lo que implica que su efectividad dependerá de la coordinación entre los distintos departamentos. En este sentido, la implicación de todas las áreas será clave para evitar que la simplificación normativa quede relegada a iniciativas puntuales sin continuidad.
