La formación pide reforzar la Inspección Educativa y protocolos específicos para denuncias de neutralidad ideológica
Vox ha presentado una propuesta de resolución en las Cortes Valencianas para exigir a la Generalitat un informe anual público sobre las actuaciones de la Inspección Educativa en materia de neutralidad ideológica, convivencia y derechos de las familias. El grupo parlamentario, liderado por José María Llanos, reclama además refuerzos humanos y materiales para la Inspección, según lo aprobado en los Presupuestos 2026, y protocolos específicos para investigar denuncias sobre adoctrinamiento.
La medida responde a los cambios introducidos este verano en la Inspección Educativa, que Vox considera insuficientes para garantizar la neutralidad ideológica en los centros. La propuesta incluye la obligación de que las denuncias de las familias sean investigadas y respondidas en un plazo razonable, así como la publicación de un informe anual que preserve los datos personales de los afectados.
Los cambios en la Inspección Educativa han generado polémica entre los docentes, que denuncian una policía educativa impulsada por el Gobierno valenciano. Sindicatos y partidos de izquierda ya han criticado la medida, que consideran una desconfianza hacia los profesores y un intento de control político sobre las aulas.
La Inspección Educativa de la Generalitat depende del Consell y su función incluye supervisar el cumplimiento de la normativa educativa, la calidad de la enseñanza y la convivencia en los centros. Los Presupuestos 2026 ya incluían la creación de un canal autonómico de denuncias, pero Vox exige ahora su implementación efectiva y un seguimiento público de las actuaciones.
La propuesta de Vox se enmarca en su estrategia de presión sobre el Gobierno valenciano en materia educativa, donde ya ha criticado otras medidas como la Ley de Educación Valenciana (LOMLOE) y la gestión de la convivencia en los centros.
El canal autonómico de denuncias, aprobado en los Presupuestos 2026, debe ser accesible, sencillo y confidencial, y Vox pide que las denuncias recibidas por los centros educativos se trasladen a la Inspección para su investigación. Además, la propuesta sugiere que el procedimiento esté pensado principalmente para que padres que perciben adoctrinamiento en sus hijos denuncien a sus profesores, aunque también contempla la posibilidad de que los docentes se denuncien entre sí.
Vox exige que las familias reciban una respuesta motivada en un plazo razonable y que se establezcan mecanismos de seguimiento de los expedientes, garantizando que la Inspección actúe con la capacidad suficiente para supervisar eficazmente el cumplimiento de la normativa educativa, la calidad de la enseñanza, la convivencia y la neutralidad ideológica de los centros.
