El balance de Alerta Solidària sitúa a Carles Puigdemont entre los procesados que siguen pendientes de la medida de gracia del Tribunal Supremo.
Un total de 423 personas han recibido la aplicación de la ley de amnistía desde su entrada en vigor. Los datos proceden del recuento de la entidad Alerta Solidària. El cómputo divide a los beneficiados según su función durante las causas judiciales derivadas del proceso independentista catalán.
El grupo más numeroso corresponde a manifestantes y activistas, que suman 185 beneficiados. En segundo lugar, figuran los miembros de las fuerzas policiales, con 158 agentes que han visto extinguidas sus responsabilidades penales. El resto de las resoluciones favorables atañe a 80 políticos y cargos públicos encausados en los tribunales.
Entre los cargos institucionales que han obtenido la medida figura Marta Rovira, exsecretaria general de ERC. La Audiencia de Barcelona aplicó la extinción de su causa por desobediencia. Ese procesamiento derivaba de los preparativos del referéndum del 1 de octubre de 2017, fecha de la que se conmemora el jueves el noveno aniversario.
El bloqueo judicial a los dirigentes en rebeldía
El balance constata al mismo tiempo que 54 políticos continúan a la espera de una resolución favorable sobre su situación procesal. Esta cifra incluye a los principales dirigentes independentistas instalados en el extranjero. El bloqueo afecta de manera directa a la cúpula de Junts que no regresó a España tras las actuaciones judiciales de 2017.
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont encabeza la relación de encausados pendientes del olvido penal. Junto a él se encuentran los exconsejeros autonómicos Antoni Comín y Lluís Puig. Los tres permanecen declarados en rebeldía procesal por los órganos jurisdiccionales.
Sobre estos tres antiguos miembros del Gobierno catalán pesa una orden de detención nacional dictada por el Tribunal Supremo. La aplicación de la norma aprobada por las Cortes Generales depende de la calificación de los delitos pendientes por parte de los magistrados instructores. Los autos emitidos hasta la fecha marcan una clara diferenciación procesal entre los delitos de desobediencia y las imputaciones por malversación o desvío de fondos.
El impacto parlamentario de las causas pendientes
La tramitación judicial de cada caso individual prolonga el recorrido de la norma en las sedes judiciales. El marco legal español exige que cada tribunal o juzgado resuelva sobre los expedientes concretos bajo su jurisdicción. Este procedimiento descentralizado explica el ritmo dispar entre los distintos juzgados catalanes y el alto tribunal.
Los acuerdos de investidura suscritos en el Congreso de los Diputados fijaron la amnistía como elemento central de la legislatura. La falta de resoluciones favorables para los líderes en el exterior mantiene abiertos los litigios que condicionan la estabilidad parlamentaria. Los votos de Junts y ERC continúan siendo determinantes para cualquier votación en la Cámara Baja.
Las defensas de los dirigentes no amnistiados mantienen sus recursos ante las instancias judiciales superiores. Hasta que el Tribunal Supremo resuelva de forma definitiva sobre los recursos de reforma o apelación, las órdenes cautelares de arresto siguen activas. El proceso continúa condicionado por las decisiones de los jueces ordinarios.
