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El PSOE mueve a Caamaño y Valdeolivas para el Constitucional

El PSOE mueve a Caamaño y Valdeolivas para el Constitucional
El Mundo
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El PSC respalda al ex ministro de Justicia en el Parlament mientras el PSN y el PSM presentan a la ex secretaria de Estado de Empleo como candidata a magistrada

El PSOE ha empezado a mover ficha en los parlamentos autonómicos para colocar a sus candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional por el turno de renovación que corresponde al Senado. El PSC ha respaldado en el Parlament al ex ministro de Justicia Francisco Caamaño, según ha podido saber EL MUNDO, mientras que el PSN en Navarra y el PSM en la Asamblea de Madrid han presentado como candidata a la corte de garantías a la ex secretaria de Estado de Empleo Yolanda Valdeolivas.

Los dos nombres tienen recorrido en la administración socialista. Caamaño fue ministro de Justicia en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con quien mantiene una relación estrecha. Valdeolivas ocupó la Secretaría de Estado de Empleo entre 2018 y 2020, en el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ambos ejercen ahora la abogacía.

El perfil académico de los dos candidatos encaja con los requisitos que exige el Senado para cubrir las vacantes. Caamaño es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y fue letrado del propio Tribunal Constitucional. En 2004 fue nombrado secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, en 2008 pasó a secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y en 2009 fue designado ministro de Justicia. También ha sido diputado en el Congreso y parlamentario autonómico, siempre vinculado al PSOE.

Valdeolivas es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Tras su etapa en el Gobierno regresó a la universidad para continuar con su labor docente y de investigación.

El Senado elige entre juristas con 15 años de ejercicio

Las propuestas que está cerrando el PSOE en las autonomías son el primer paso de un procedimiento que no depende de los partidos, sino de las asambleas legislativas. Cada parlamento autonómico puede presentar hasta dos candidatos al Senado, que es el órgano encargado de designar a los cuatro nuevos magistrados del Constitucional. La Cámara Alta debe elegir entre magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función.

Los plazos se han ido estirando. Varios parlamentos autonómicos han ampliado hasta el próximo noviembre el plazo para presentar candidatos, lo que deja margen para que los grupos sigan negociando nombres. En el Constitucional están pendientes de renovación su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y los magistrados María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías.

Sin negociación entre PSOE y PP por el tercio del Senado

La renovación de ese tercio de magistrados sigue bloqueada porque las conversaciones entre el PSOE y el PP son inexistentes. En el partido de Núñez Feijóo consideran que no se dan las circunstancias para sentarse a negociar con los socialistas y sostienen que la elección corresponde al Senado, no a una mesa entre los dos grandes partidos.

Detrás de esa posición hay un cálculo electoral. El PP espera que el resultado de las próximas elecciones generales le permita, con la suma de Vox, alcanzar la representación de los tres quintos de la Cámara Alta. Ese umbral es el que habilita al Senado a designar a los cuatro magistrados y permitiría a la derecha anticipar un vuelco ideológico en el TC, poniendo fin a la mayoría progresista actual.

El Gobierno, por su parte, se muestra favorable a negociar precisamente por el temor contrario. En el Ejecutivo pesa el escenario de que un futuro PP con Vox pueda designar a los cuatro miembros del TC y dejar al Gobierno fuera de esa elección.

El movimiento del PSOE en los parlamentos autonómicos llega, por tanto, con el reparto de poder en el Constitucional como telón de fondo. Los socialistas colocan primero sus nombres en las cámaras donde tienen influencia y dejan que sea el Senado quien decida después. El PP, mientras tanto, apuesta por esperar al resultado electoral antes de mover ninguna pieza.

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