El líder de Vox vincula la falta de acceso a la vivienda a las ‘políticas de fronteras abiertas’ y al ‘rechazo a la construcción’ del Gobierno, mientras Sánchez celebra los decretos aprobados este martes
Santiago Abascal, presidente de Vox, ha acusado el jueves 29 de septiembre al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser el responsable directo de la crisis de acceso a la vivienda en España. En un mensaje en la red social X, Abascal ha señalado que las «políticas de fronteras abiertas» y el «rechazo a la construcción» del Ejecutivo impiden a los españoles «emanciparse o formar una familia», denunciando que «los pocos que la tienen malviven hacinados compartiendo con extraños».
La respuesta de Abascal llega tras las declaraciones de Sánchez, quien este martes reivindicó en su cuenta personal la aprobación de dos reales decretos con medidas urgentes sobre vivienda. Mientras el Gobierno celebra estos avances, Vox insiste en que la solución pasa por «la emigración» —término que la formación usa para referirse a la deportación de migrantes—, «la construcción de vivienda libre y pública para familias españolas», «la desregulación de los alquileres» y «la bajada de impuestos».
El conflicto refleja la polarización en torno a un problema estructural: según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el precio medio de la vivienda en España subió un 4,5% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el alquiler registró un incremento del 6,2%. La falta de suelo urbanizable y la escasez de viviendas asequibles —solo el 1,5% del parque inmobiliario español está considerado «asequible» según el Banco de España— agravan la tensión social, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona, donde la demanda supera en un 30% la oferta.
La estrategia de Vox, centrada en culpar al Gobierno de la inmigración y en proponer medidas de mercado, contrasta con la apuesta de la coalición por regulaciones estatales. Los decretos aprobados este martes incluyen medidas como la limitación de los alquileres turísticos en zonas pensionadas y la ampliación de ayudas públicas para la rehabilitación de viviendas, aunque su impacto real dependerá de su financiación y ejecución. Mientras, la oposición insiste en que estas medidas son insuficientes y que el problema requiere un cambio de modelo.
El debate adquiere especial relevancia en un contexto electoral: las elecciones autonómicas y municipales de 2027 podrían verse influidas por el malestar ciudadano en materia de vivienda. Según una encuesta de Metros copia publicada en agosto, el 68% de los españoles considera la vivienda como el principal problema económico del país, por delante de la inflación o el desempleo. La capacidad de cada formación para ofrecer soluciones concretas —y no solo discursos— será clave en los próximos meses.
