La medida, que aún necesita convalidación parlamentaria, excluye a propietarios particulares y deja sin resolver el dilema de la vivienda
El Gobierno ha aprobado hoy ampliar hasta el 31 de diciembre de 2030 la protección frente a desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional. La decisión, impulsada tras el caso de Maricarmen —una mujer de 87 años desahuciada en Madrid—, busca evitar lanzamientos cuando no exista solución habitacional, aunque su aplicación dependerá de la convalidación en el Congreso.
La polémica surge al diferenciar entre propietarios: la medida no aplica igual cuando el dueño es un particular que cuando es una empresa, fondo de inversión o sociedad inmobiliaria. El caso de Maricarmen ha puesto en evidencia esta brecha, donde el derecho del inquilino vulnerable choca con el derecho del propietario a recuperar su vivienda, especialmente cuando este último es un agente económico.
La protección actual es temporal y no resuelve el fondo del problema: sin construcción acelerada de vivienda pública y sin frenar el alza de precios, el conflicto social se pospondrá, pero no desaparecerá. La medida, aunque simbólica, refleja la presión política sobre un tema que ya movilizó a partidos, colectivos y ciudadanos tras el desahucio de Maricarmen, cuya edad y situación la convirtieron en símbolo de una crisis más amplia.
La paralización de los desahucios es una medida temporal y su aprobación no está garantizada, ya que requiere la convalidación del Congreso de los Diputados. Si el Parlamento no aprueba la medida, ésta caducará en 2027, dejando sin efecto una de las pocas herramientas legales para proteger a los inquilinos más expuestos.
Además, el Gobierno ha señalado que, a menos que se acelere la construcción de vivienda y se controle el alza de precios, el dilema social en torno a la vivienda solo podrá aplazarse, pero no solucionarse. Este escenario subraya la necesidad de políticas integrales que combinen protección legal con acción constructiva y regulación del mercado inmobiliario.
