La ministra reconoce ‘cacao’ en la defensa de las medidas; los propietarios presionan para frenar la tramitación parlamentaria
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ha reconocido este martes 29 de septiembre un cacao en la defensa de los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno, en un giro que llega cuando Junts per Cataluña ha anunciado que exigirá su retirada si no se modifican. La ministra admitió en declaraciones a The Objective que las medidas generan rechazo entre los propietarios, un sector clave en la tramitación parlamentaria.
Los decretos, aprobados en julio para limitar los alquileres turísticos y regular los precios en zonas pensionadas, enfrentan ahora la oposición frontal de Junts, que cuenta con 7 diputados en el Congreso. La formación independentista, que apoyó inicialmente la reforma, ha cambiado de postura tras las críticas de los propietarios y la presión de sectores como la plataforma Propietarios por la Vivienda, que denuncia un ataque a la propiedad privada.
El conflicto se enmarca en un contexto de tensiones políticas por la vivienda, donde el Gobierno ha intentado equilibrar la demanda social con las exigencias del sector inmobiliario. Los decretos, que entrarían en vigor en enero, ya han sido cuestionados por la oposición —PP y Vox los consideran inconstitucionales— y por la patronal Asociación de Empresarios de Vivienda, que alerta de un posible colapso en el mercado.
La ministra Rodríguez ha intentado rebajar la polémica reconociendo errores de comunicación, pero sin retirar las medidas. Sin embargo, la presión de Junts —que podría bloquear la aprobación definitiva— obliga al Ejecutivo a replantearse su estrategia. El plazo para la tramitación parlamentaria se agota en diciembre, cuando el Gobierno deberá presentar los presupuestos, lo que añade urgencia al debate.
El caso refleja la dificultad del Gobierno para avanzar en políticas de vivienda sin fracturar alianzas clave. Mientras, las acampadas de afectados por desahucios —como la de Sol— siguen creciendo, con más de 500 personas movilizadas en Madrid, según datos de la plataforma No Somos Delincuentes. La ministra ha evitado mencionar plazos para revisar los decretos, pero la presión de Junts y los propietarios deja en el aire su futuro.
