El ministro de Presidencia y Justicia defiende que el 97% de las medidas anticorrupción están aprobadas, mientras Vox exige despenalizar delitos como el contrabando del ‘joyero Zapatero’
Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, ha acusado este martes a Vox de bloquear una reforma judicial que considera del siglo XXI y ha rechazado las críticas del partido sobre supuestas «cloacas» del Gobierno en casos de corrupción. Durante una sesión de control en el Senado, Bolaños defendió que la instrucción de procedimientos penales por parte de los fiscales —y no de los jueces— es el modelo mayoritario en Europa y ya se aplica en España en casos como los de la Fiscalía Europea o la de Menores.
Sin embargo, el ministro no ha logrado garantizar la independencia de la Fiscalía, un requisito exigido por la mayoría del poder judicial. Bolaños insistió en que el sistema actual, con jueces instruyendo causas, es «del siglo XIX», mientras que su reforma busca modernizar la Justicia. Javier Alonso, senador de Vox, replicó que el Gobierno solo hace «muchos anuncios» contra la corrupción, pero muestra «pocos resultados».
El enfrentamiento escaló cuando Bolaños reprochó a Vox y al PP no apoyar medidas anticorrupción, como la ley de ‘lobbies’, aprobada en decreto ley pero no convalidada en el Congreso por falta de apoyo. Alonso respondió que la única forma de combatir la corrupción sería «despenalizar» delitos como las extorsiones desde «sus cloacas» o el contrabando vinculado al conocido como «joyero Zapatero».
El ministro, en cambio, aseguró que el Gobierno cumple con el 97% de las medidas previstas en su Plan de Acción por la Democracia, entre las que destacó la ley de ‘lobbies’.
¿Por qué la Fiscalía europea y la de Menores ya instruyen causas?
La reforma impulsada por Bolaños busca extender a todo el territorio nacional un modelo que ya funciona en dos ámbitos concretos: la Fiscalía Europea, especializada en delitos contra los intereses financieros de la UE, y la Fiscalía de Menores, que asume la instrucción de casos relacionados con menores desde 2023. Según datos del Ministerio de Justicia, en 2025 la Fiscalía Europea instruyó 127 casos, mientras que la de Menores gestionó 8.342 procedimientos, el 68% de ellos relacionados con violencia de género o maltrato infantil.
Sin embargo, la medida choca con la tradición judicial española, donde los jueces han sido históricamente los encargados de instruir causas. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha advertido en múltiples informes que cualquier cambio en este sentido debe garantizar la independencia de la Fiscalía, algo que Bolaños no ha detallado en sus declaraciones.
El precedente de la ley de ‘lobbies’: ¿por qué no se convalidó?
La ley de regulación de actividades de lobby, aprobada en diciembre de 2025 como decreto ley, es el ejemplo más reciente de cómo el Gobierno ha tenido que recurrir a vías de urgencia por la falta de apoyo parlamentario. El texto, que obliga a registrar y transparentar las relaciones entre grupos de interés y poderes públicos, fue criticado por el PP y Vox por considerarlo «insuficiente» y «burocrático».
El decreto ley entró en vigor el 1 de enero de 2026, pero su convalidación en el Congreso —que requiere aprobación expresa— quedó bloqueada por la oposición. Según fuentes parlamentarias, el PP y Vox exigían modificaciones como ampliar el plazo de adaptación para las empresas o incluir sanciones más duras para los incumplimientos. El Gobierno, sin embargo, mantuvo su postura y optó por no someter el texto a votación, evitando así un posible rechazo.
Vox quiere mantener el modelo judicial tradicional y critica la reforma
Vox apuesta por mantener el modelo judicial tradicional, donde los jueces instruyen causas, y critica al Gobierno por lo que considera una «politización» de la Fiscalía. Para el partido, la reforma de Bolaños es un intento de «controlar» la Justicia desde el Ejecutivo, algo que podría debilitar la independencia judicial. Alonso, en sus declaraciones, vinculó directamente la corrupción con el Gobierno, acusándolo de proteger a sus «cloacas» mediante la despenalización de delitos.
Por su parte, el Gobierno defiende que la reforma es necesaria para agilizar los procesos judiciales y alinearse con el modelo europeo. Bolaños ha insistido en que el 97% de las medidas anticorrupción están ya aprobadas o en fase avanzada, aunque reconoce que la falta de apoyo parlamentario —especialmente del PP y Vox— dificulta su implementación completa. El ministro ha evitado, no obstante, entrar en detalles sobre cómo se garantizaría la independencia de la Fiscalía en caso de que asumiera la instrucción generalizada.
El PP, aunque no intervino directamente en el debate del Senado, ha mantenido una postura similar a la de Vox: rechaza la reforma judicial por considerarla «inconstitucional» y exige más medidas contra la corrupción, aunque sin apoyar explícitamente las propuestas del Gobierno. La falta de consenso entre los partidos ha dejado la reforma en punto muerto, sin fecha clara para su aprobación.
El Plan de Acción por la Democracia, presentado en 2024, incluye 47 medidas para modernizar la Justicia, combatir la corrupción y reforzar la transparencia. Hasta ahora, 45 de ellas —el 97%— están aprobadas o en trámite, según datos del Ministerio de Presidencia. Sin embargo, la falta de apoyo parlamentario ha obligado al Gobierno a recurrir a decretos ley, una vía que ha generado críticas por su falta de legitimidad democrática.
El debate en el Senado refleja la tensión entre dos visiones de la Justicia: una que apuesta por la modernización y la especialización de la Fiscalía, y otra que defiende la tradición judicial española, con jueces independientes instruyendo causas. Mientras tanto, la corrupción sigue siendo un tema central en la agenda política, con acusaciones cruzadas entre Gobierno y oposición sobre quién protege a quién.
