El Govern de Pere Aragonès resuelve el recurso judicial que retrasó su puesta en marcha y estudia comprar 400 pisos de Blackstone; los Comuns exigen más acción contra fondos de inversión
Sílvia Paneque, consellera de Territorio, Habitate i Transición Ecològica del Govern catalán, ha confirmado que la unidad antidesahucios entrará en funcionamiento entre finales de 2026 y principios de 2027. La demora se debió a un recurso judicial presentado por una entidad del tercer sector contra la licitación de marzo para contratar a 56 profesionales. El recurso ya ha sido resuelto a favor de la conselleria, despejando el camino para su activación definitiva.
La unidad, pactada con Jéssica Albiach y los Comuns a finales de 2025, contará con un presupuesto inicial de 40 millones de euros, aunque este puede incrementarse si la situación lo requiere. La consellera ha asegurado que el PSC no tendrá objeciones para apoyar una propuesta de resolución que los Comuns presentarán en el Parlament para reafirmar el compromiso del Govern con esta herramienta.
Mientras tanto, el Govern catalán sigue ofreciendo alternativas habitacionales a las familias afectadas por desahucios. Según Paneque, en primer lugar se negocia con los propietarios privados, y si no hay acuerdo, se ofrece una solución temporal a través de los ayuntamientos. «No dejamos a nadie sin alternativa», ha afirmado la consellera, descartando que se abandone a las familias en situación de vulnerabilidad.
La unidad antidesahucios se suma a otras medidas ya implementadas por el Govern, como la compra de 5.000 pisos de fondos de inversión en los últimos dos años, de los cuales un 10% estaban vacíos. Sin embargo, los Comuns han exigido al Govern que adquiera los 400 pisos de alquiler social propiedad del fondo Blackstone, cuya renovación de contratos está en riesgo. Paneque ha respondido que el Govern está dispuesto a estudiar su compra, siempre que exista una oferta de venta, algo que, por ahora, no se ha materializado.
El Govern busca una ley alternativa a la especulación
El Govern también trabaja en una alternativa a la ley para limitar la compra especulativa de vivienda, declarada inconstitucional por el Consell de Garanties Estatutarias. La negociación incluye a ERC y los Comuns, y se ampliará a la CUP la próxima semana. Además, se mantendrá el diálogo con el Sindicat de Llogateres para buscar una solución con «seguridad jurídica» que permita seguir combatiendo la especulación inmobiliaria.
Los Comuns presionan por la unidad antidesahucios
Para los Comuns, la unidad antidesahucios es una prioridad política y social, especialmente tras su pacto con el Govern. Su presión para acelerar su puesta en marcha y exigir la compra de los pisos de Blackstone refleja su intención de mantener el compromiso adquirido con el electorado vulnerable. El PSC, por su parte, parece dispuesto a respaldar la medida, aunque sin asumir un papel protagonista en su diseño.
El Govern catalán, liderado por Pere Aragonès, se enfrenta a un equilibrio delicado: por un lado, debe cumplir con las expectativas de sus socios de gobierno, especialmente los Comuns, en materia de vivienda; por otro, debe garantizar la viabilidad económica y legal de sus medidas, como demuestra el caso de la ley contra la especulación. La compra de pisos de fondos de inversión, aunque limitada por la falta de ofertas concretas, muestra su voluntad de actuar en el mercado inmobiliario.
Para las familias en riesgo de desahucio, la unidad antidesahucios representa una esperanza concreta, aunque su efectividad dependerá de la rapidez con la que se active y de los recursos disponibles. Mientras tanto, los ayuntamientos catalanes seguirán siendo clave en la gestión de alternativas habitacionales temporales, un papel que, según Paneque, ya están desempeñando con eficacia.
La presión de los Comuns y la necesidad de dar respuesta a la crisis de vivienda en Cataluña sitúan este tema en el centro del debate político. La resolución del recurso judicial y la activación de la unidad antidesahucios marcan un hito en la política de vivienda del Govern, aunque quedan por resolver desafíos como la compra de los pisos de Blackstone y la búsqueda de una nueva ley contra la especulación que no vulnere la Constitución.
El retraso en la puesta en marcha de la unidad antidesahucios se explica, según la consellera, por el recurso interpuesto por una entidad del tercer sector contra la licitación de marzo para contratar a 56 profesionales. Este tipo de recursos, habituales en procesos de contratación pública, obligan a la administración a suspender temporalmente la adjudicación hasta que se resuelva la impugnación. Una vez resuelto a favor de la conselleria, el procedimiento puede reanudarse y culminar con la incorporación del personal necesario para desplegar el servicio en el territorio.
La unidad antidesahucios se enmarca en el acuerdo presupuestario alcanzado entre el Govern y los Comuns a finales de 2025, que incluyó medidas concretas para paliar la emergencia habitacional. Su diseño responde a la necesidad de anticiparse a los desahucios mediante la mediación y la oferta de alternativas antes de que se ejecute el lanzamiento, complementando así la labor que ya realizan los servicios sociales municipales y las oficinas de vivienda.
