Vocales como Carlos Vidal piden revisar inscripciones en el CERA desde 2023 por falta de justificación del ‘mayor arraigo’ en municipios como Madrid, donde un cuarto de los nuevos electores votarían
Cuatro miembros de la Junta Electoral Central (JEC) —Carlos Vidal, Fernando Marín Castán, Javier Tajadura y Vicente Magro— han presentado un voto particular exigiendo revisar las inscripciones de más de 250.000 electores españoles residentes en el extranjero (CERA) desde 2023, al considerar que muchos no justificaron su adscripción a municipios españoles como Madrid, donde un 26% de los nuevos inscritos en cuatro años votarían sin acreditar vínculos reales.
La discrepancia surge tras la aprobación el 24 de septiembre de una nueva instrucción de la Oficina del Censo Electoral (OCE) que, por primera vez, obliga a los consulados a verificar con documentos el municipio elegido por los electores para votar. Sin embargo, los cuatro vocales critican que la norma no retroactiva su aplicación a inscripciones anteriores, donde no se exigió justificación alguna. Según su análisis, esto permite que votantes sin residencia previa en España elijan circunscripciones como Madrid o Barcelona —donde cada voto pesa menos— en lugar de provincias como Soria o Teruel, donde el voto tiene mayor impacto.
El conflicto refleja una división institucional sobre la transparencia del censo electoral. Mientras la mayoría de la JEC rechazó revisar inscripciones ya realizadas (basándose en el censo de 2023), los cuatro vocales argumentan que el ‘mayor arraigo’, criterio legal desde 2011, no se ha aplicado. Su propuesta incluye requerir a los electores inscritos desde 2023 para que aporten documentación en tres meses, bajo riesgo de anular su adscripción. La falta de criterios claros en la nueva instrucción —que acepta desde empadronamientos históricos hasta recibos tributarios para acreditar el arraigo— agrava la desigualdad, advierten.
El debate adquiere relevancia electoral: según datos de la OCE citados en el voto particular, Madrid concentró el 26% del crecimiento del CERA entre 2022 y 2026 (8 municipios con mayor aumento), mientras provincias como Alicante o Málaga también registraron incrementos significativos. Los vocales alertan de que, sin revisión, el sistema de reparto de escaños por provincias podría distorsionarse, beneficiando a partidos con mayor apoyo en circunscripciones grandes. La JEC, sin embargo, defiende que la solidez del régimen electoral no requiere cambios retroactivos.
La polémica llega en un contexto de creciente movilización del voto exterior (más de 3,5 millones de electores en 2023, un 12% del censo total) y tras denuncias previas sobre posibles irregularidades en adscripciones. El voto particular subraya que la falta de resoluciones motivadas en las inscripciones —obligatorias por ley— dificulta el control ciudadano y judicial sobre el proceso.
