Trump revoca visados a fiscales, jueces y políticos de Bolivia, Colombia y Perú bajo acusaciones de socavar democracias regionales
El Gobierno de Donald Trump ha revocado los visados a 15 bolivianos, 2 colombianos y 1 peruano, entre ellos fiscales, jueces y un senador, acusándolos de corrupción y de «socavar gobiernos democráticamente elegidos» en la región. La medida, anunciada el lunes, restringe el acceso a Estados Unidos a estos funcionarios y sus familiares directos bajo la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Entre los sancionados figuran el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, el exministro de Justicia Iván Manolo Lima, el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero, la jueza anticorrupción Albana Chane Caballero y el fiscal titular de Santa Cruz, Alberto Ceballos. La Administración estadounidense justifica las sanciones contra Mariaca mediante la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, alegando su participación en casos de corrupción graves que, según el Departamento de Estado, «ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo» y debilitan las instituciones democráticas bolivianas.
En Colombia, las restricciones afectan al empresario Euclides Antonio Torres y a la senadora Martha Isabel Peralta, presidenta del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), parte de la coalición del expresidente Gustavo Petro. En Perú, el juez del Tribunal Constitucional del Primer Circuito de Lima, Juan Carlos Núñez, también ha sido sancionado. Además, se han declarado «inteligibles» para obtener visados a otros 9 bolivianos y 2 ecuatorianos, sin especificar sus nombres.
El comunicado del Departamento de Estado, firmado por el secretario de Estado Marco Rubio, subraya que el mensaje es claro: «Los funcionarios corruptos y los criminales a quienes protegen no son bienvenidos en Estados Unidos». La medida se enmarca en una estrategia más amplia de la Administración Trump para presionar a gobiernos de la región, especialmente en países con tensiones políticas internas o acusaciones de irregularidades.
Luis Arce enfrenta acusaciones de enriquecimiento en 2023
Bolivia ha sido objeto de escrutinio internacional por casos de corrupción vinculados a altos cargos del Estado. En 2023, el expresidente Luis Arce enfrentó acusaciones de enriquecimiento ilícito, aunque no fueron judicializadas. El fiscal general Roger Mariaca, uno de los sancionados, ha sido clave en investigaciones contra el narcotráfico, pero también ha sido criticado por su manejo de casos políticos. La decisión de Trump coincide con un aumento de la tensión entre Bolivia y Estados Unidos, especialmente tras la expulsión de diplomáticos estadounidenses en 2024 por supuestas injerencias.
En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro ha intentado reformar el sistema judicial para combatir la corrupción, pero sectores de la oposición, como el MAIS, han sido señalados por su vinculación con grupos armados ilegales. La sanción a Martha Isabel Peralta refleja esta polarización, ya que su partido forma parte de la coalición gubernamental. En Perú, el Tribunal Constitucional ha sido objeto de controversia por decisiones que afectan a sectores económicos y políticos, como la expropiación de tierras a empresas mineras.
Gobierno de Arce condena sanciones como intromisión inaceptable
La medida de Trump podría escalar las tensiones diplomáticas. En Bolivia, el gobierno de Luis Arce ha condenado las sanciones como una «intromisión inaceptable» en los asuntos internos del país. El canciller Rogelio Mayta, en una declaración pública, calificó las acusaciones de «infundadas» y advirtió que podrían afectar las relaciones comerciales con Estados Unidos, especialmente en sectores como el gas y la minería. Bolivia depende en un 30% de sus exportaciones de mercados estadounidenses, según datos de la Cámara Nacional de Exportadores.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha evitado reaccionar directamente, pero su equipo ha señalado que las sanciones «no contribuyen al diálogo» y podrían complicar las negociaciones en curso con Washington sobre migración y seguridad. El MAIS, partido de Peralta, ha denunciado una «persecución política» y ha anunciado que presentará una queja formal ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Perú, por su parte, ha mantenido un perfil bajo, aunque el presidente Dina Boluarte ha instado a su homólogo estadounidense a «evitar medidas que afecten la estabilidad regional». El Tribunal Constitucional peruano, donde trabaja Juan Carlos Núñez, ha sido criticado por sectores de la oposición por su supuesta parcialidad en casos contra el expresidente Pedro Castillo, derrocado en 2022.
La decisión de Trump también tiene implicaciones en el ámbito judicial. La Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional permite sancionar a funcionarios extranjeros por actividades que, según Washington, «amenazan la seguridad nacional». En los últimos dos años, Estados Unidos ha aplicado medidas similares contra funcionarios de Venezuela, Nicaragua y Cuba, lo que ha generado reproches de estos gobiernos por «interferencia».
Analistas consultados por medios internacionales señalan que estas sanciones podrían debilitar aún más la confianza en las instituciones de la región, especialmente en países con sistemas judiciales ya frágiles. En Bolivia, por ejemplo, el fiscal Mariaca ha sido criticado por su manejo de casos contra la oposición, mientras que en Colombia, el MAIS ha sido vinculado a grupos paramilitares en el pasado. La medida de Trump, en este contexto, podría interpretarse como un intento de presionar a gobiernos que no alinean sus políticas con los intereses estadounidenses.
Queda por ver si otros países de la región seguirán el mismo camino. Hasta ahora, Ecuador ha sido el único en recibir sanciones similares, aunque sin nombres concretos. La respuesta de los gobiernos afectados podría definir el tono de las relaciones bilaterales en los próximos meses, especialmente en un contexto de creciente polarización política en América Latina.
