Carlos Cuerpo confirma apoyo a agricultura, transporte e industria, pero sin detalles concretos de las medidas
Carlos Cuerpo, vicepresidente y ministro de Economía, anunció este martes en el Consejo de Ministros un paquete de medidas para frenar el alza de precios energéticos, que ya acumula un encarecimiento del 30,3% en el gasóleo y del 16,9% en la gasolina desde agosto. El objetivo es evitar que la escalada —siete meses después del conflicto en Irán— derive en una segunda ronda de inflación que afecte a los alimentos, según fuentes oficiales.
Las ayudas, aún no detalladas, incluirán bonificaciones para sectores clave como agricultura, pesca, transporte por carretera e industria. El Gobierno evalúa mantener hasta septiembre las reducciones fiscales actuales: 5 céntimos por litro de gasolina y 20 céntimos por litro de diésel para automoción, además de los 20 céntimos extra de descuento en gasóleo para agricultores y transportistas. También se baraja prolongar las ayudas a fertilizantes y las subvenciones extraordinarias al transporte por carretera.
El anuncio llega tras las reclamaciones de estos sectores, que piden mantener las bonificaciones al carburante profesional y ayudas directas para compensar el sobrecoste energético. Los sindicatos, por su parte, exigen intervenciones en los precios del combustible.
El Gobierno activa la cláusula de 20 céntimos por litro tras el alza del gasóleo
El fuerte encarecimiento del gasóleo en julio activó automáticamente la cláusula que elevó el descuento fiscal en 20 céntimos por litro, una medida excepcional que ahora podría prorrogarse. Según datos oficiales, el gasóleo se disparó un 30,3% en agosto y la gasolina un 16,9%, cifras que el Gobierno busca mitigar antes de que impacten en la cesta de la compra. La agricultura y el transporte, especialmente vulnerables, son los sectores que más presión ejercen para evitar un efecto dominó en los precios.
¿Qué se juega cada actor?
Para el Gobierno, el riesgo es doble: por un lado, contener el descontento social ante el encarecimiento de la vida; por otro, evitar que la inflación en energía se traslade a los alimentos, lo que agravaría la presión sobre las familias. Sectores como la agricultura y el transporte, con márgenes ajustados, dependen de estas ayudas para mantener su actividad. Mientras, la oposición podría acusar al Ejecutivo de tardanza si las medidas no son suficientes o de descontrol fiscal si implican nuevos gastos públicos.
El plazo para decidir es ajustado: las bonificaciones actuales caducan en septiembre, y el Gobierno debe actuar antes de que la subida de precios se consolide en los mercados. La decisión afectará directamente a más de 1,5 millones de agricultores y transportistas, según datos del Ministerio de Agricultura.
