El alcalde de Madrid estudia acciones legales contra Francisco Martín si no asume competencias en la crisis habitacional
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado el viernes que el Ayuntamiento analiza «opciones legales» para demandar al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, si este «sigue rehuyendo competencias» en relación con la acampada en la Puerta del Sol. La protesta, liderada por Maricarmen Abascal, reclama medidas urgentes contra los desahucios, una competencia que, según Martínez-Almeida, el Gobierno central debería asumir, pero no lo hace.
Martínez-Almeida, portavoz del PP en el Ayuntamiento, avanzó estas declaraciones durante su asistencia a la Junta Directiva Nacional del partido. La tensión entre el Consistorio y el Gobierno central se enmarca en un contexto de creciente conflictividad por la crisis habitacional, donde Madrid acumula cifras récord de desalojos en los últimos años. Según datos de la plataforma Stop Desahucios, la capital registró más de 12.000 desahucios ejecutivos en 2025, un 18% más que el año anterior.
La competencia en materia de vivienda y desahucios es compartida entre el Ayuntamiento y el Gobierno central, pero Martínez-Almeida ha insistido en que el Ejecutivo «debe liderar» la respuesta ante una emergencia social que, según su criterio, «se agrava por la falta de coordinación». La acampada en Sol, que comenzó el pasado martes, ha concentrado a más de 500 personas y ha generado roces con la policía municipal, que ha intervenido en varias ocasiones para desalojar zonas de paso.
Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid desde 2024, ha evitado hasta ahora pronunciarse públicamente sobre el conflicto, aunque fuentes de su equipo han confirmado que la Delegación «está en contacto con las partes» para buscar una solución. La presión sobre Martín aumenta en un momento en que el Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta críticas desde la oposición por su gestión en políticas sociales, especialmente en comunidades como Madrid, donde el PP gobierna con mayoría absoluta.
El Ayuntamiento de Madrid ya ha activado un protocolo de emergencia social que incluye la apertura de recursos temporales para afectados por desahucios, pero Martínez-Almeida ha dejado claro que, si el Gobierno no actúa, «no dudará en usar todas las herramientas legales» para exigir su intervención. La amenaza de demanda, sin embargo, plantea un escenario de confrontación institucional que podría escalar si la acampada se prolonga más allá del fin de semana.
