La ministra Sira Rego y Pablo Bustinduy exigen medidas urgentes tras el desahucio de Maricarmen: prórroga de alquileres, expropiación de fondos buitre y regulación de viviendas especulativas
Sumar ha advertido este sábado que no acudirá al próximo Consejo de Ministros —previsto para el martes— si el Gobierno no aprueba un decreto ley integral contra la crisis de vivienda. La amenaza llega tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años expulsada de su vivienda en Madrid tras 70 años en alquiler, un caso que ha movilizado protestas sociales y ha colocado el problema en el centro del debate político.
Desde el partido exigen medidas concretas: prórroga reforzada de contratos de alquiler, protección contra desahucios, prohibición de venta de viviendas a fondos buitre en zonas pensionadas y la recuperación del piso de Maricarmen. «No valen parches», advierten, acusando al Gobierno de «ponerse de perfil» y de proponer soluciones «descafeinadas». La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, han reiterado que presionarán al PSOE para aprobar el decreto, recordando que ya boicotearon una reunión similar hace medio año por el mismo motivo.
Bustinduy criticó la abstención del PSOE en la propuesta de expropiar el piso de Maricarmen —ocupado por la empresa Urba gestión— y acusó a los fondos buitre de «especular con el sufrimiento». «El miedo no puede estar del lado de Maricarmen, sino de quienes echan a la gente de sus casas», declaró. Aunque reconoció la dificultad parlamentaria, insistió en que hay «condiciones suficientes» para aprobar el decreto con el apoyo de los grupos necesarios, incluyendo a Junts.
El caso de Maricarmen ha expuesto las tensiones internas del Gobierno. Mientras Sumar exige acción inmediata, el PSOE —socio mayoritario— ha evitado hasta ahora medidas contundentes. La presión social y la amenaza de boicot elevan el riesgo de una crisis institucional en un tema que, según Sumar, «es ya de consenso». Las protestas en las calles y la movilización de movimientos sociales, como denuncian Rego y Bustinduy, obligan a una respuesta que hasta ahora el Ejecutivo ha eludido.
El decreto que reclaman incluiría, además, la renovación automática de contratos de alquiler para evitar desahucios por especulación. Sumar advierte: «Si no hay medidas efectivas, seguiremos empujando al PSOE». El plazo es corto: el martes se decidirá si el Gobierno actúa o si Sumar cumple su amenaza y se ausenta del Consejo de Ministros.
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