El PCE advierte que no apoyará medidas que devuelvan a solicitantes de asilo antes de resolver sus expedientes, mientras el Gobierno trabaja en plazos para agilizar retornos
Enrique Santiago, portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, ha advertido este sábado al PSOE que su formación no apoyará el decreto ley que prepara el Gobierno para agilizar el retorno de migrantes a Marruecos si este incluye la devolución de personas que hayan solicitado asilo antes de que sus expedientes sean resueltos. La medida, publicada por El País, choca frontalmente con la postura de Sumar, que exige el cumplimiento de la Convención de Ginebra de 1951 sobre refugiados.
Santiago, en declaraciones durante la fiesta anual del Partido Comunista de España (PCE), subrayó que su grupo no ha sido informado por el PSOE sobre el contenido concreto del decreto, pero advirtió que, de aprobarse, Sumar exigirá su convalidación en el Congreso. «No vamos a apoyar nada que no respete los Derechos Humanos», declaró, recordando que los solicitantes de asilo tienen derecho a permanecer en España «hasta que se sustancie su solicitud de protección internacional».
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reconoció que se está trabajando en los plazos para gestionar la situación, pero insistió en que «hay que cumplir con la legislación vigente que protege a las personas solicitantes de asilo, sobre todo a la infancia migrante». Rego garantizó que el Gobierno buscará una «salida humanitaria» y el respeto al Derecho Internacional, aunque no detalló plazos ni medidas concretas.
La tensión entre ambos socios de gobierno se enmarca en un contexto de creciente presión política por la crisis migratoria en Ceuta, donde el PP y Vox exigen medidas más duras, mientras el PSOE intenta equilibrar la urgencia humanitaria con las exigencias de la oposición.
El precedente de la Convención de Ginebra y el derecho a asilo
La Convención de Ginebra de 1951, ratificada por España en 1984, establece que los Estados no pueden devolver a una persona a un país donde su vida o libertad corran peligro. Este principio, conocido como non refoulement, es clave en el debate actual: el decreto ley que prepara el Gobierno podría vulnerarlo si permite devoluciones antes de resolver los expedientes de asilo, algo que Sumar considera inaceptable.
Según datos del Ministerio del Interior, en julio de 2026 entraron en Ceuta más de 6.000 personas, de las cuales alrededor de 1.200 solicitaron protección internacional. La lentitud en los plazos de resolución —que pueden superar los 18 meses— ha generado críticas desde la oposición, que acusa al Gobierno de falta de agilidad, mientras Sumar alerta sobre el riesgo de violar derechos fundamentales.
¿Qué se juega cada actor?
Para el PSOE, el decreto ley es una herramienta para desbloquear la situación en Ceuta sin depender de acuerdos con Marruecos, pero corre el riesgo de fracturar su alianza con Sumar. La formación de Yolanda Díaz podría perder influencia en el Gobierno si se percibe que cede a las presiones del PP en materia migratoria, un tema clave en las próximas elecciones autonómicas y municipales.
El PP, por su parte, ve en esta crisis una oportunidad para erosionar la imagen del Gobierno, especialmente en regiones como Andalucía y Extremadura, donde la gestión de la migración es un tema sensible. Vox, aunque con menos peso parlamentario, mantiene una línea dura: exige la activación del artículo 155 de la Constitución para intervenir en Ceuta y Melilla, algo que el PSOE ha descartado hasta ahora.
En el plano institucional, el Tribunal Supremo podría verse obligado a pronunciarse si el decreto ley es recurrido por organizaciones de derechos humanos o partidos políticos. Hasta ahora, los tribunales han sido reacios a anular medidas migratorias por considerar que corresponden al ámbito ejecutivo, pero la presión social y mediática podría cambiar este escenario.
El calendario político: ¿hasta cuándo se puede esperar?
El decreto ley debe ser convalidado en el Congreso antes del 20 de octubre, fecha límite para su aprobación sin perder vigencia. Sin embargo, el PSOE enfrenta dos frentes: por un lado, la necesidad de actuar rápido para evitar un colapso humanitario en Ceuta; por otro, la presión de Sumar para no vulnerar derechos fundamentales.
Si el Gobierno no logra un acuerdo interno, podría optar por una solución intermedia, como ampliar plazos para los solicitantes de asilo sin devolverlos a Marruecos, o buscar un pacto con partidos regionales como Podemos o ERC para garantizar los votos necesarios. Pero esta estrategia, aunque viable, complicaría aún más la ya tensa relación con Sumar.
Mientras, en Ceuta, la situación sigue siendo crítica: según fuentes municipales, hay más de 3.500 personas en centros de acogida, con recursos al límite. La falta de una solución clara podría desencadenar protestas sociales o incluso un aumento de la tensión con Marruecos, que ha acusado a España de «incumplir acuerdos» en materia migratoria.
