El vicepresidente extremeño del PP vincula el caso a narcotráfico y exige protección institucional inmediata tras filtrarse grabaciones con amenazas directas
Abel Bautista, vicepresidente y consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, ha calificado este viernes de «gravedad extraordinaria» la operación contra la jueza Beatriz Viedma y ha denunciado que se está usando «vías ajenas al Derecho» para presionar a la magistrada. Durante el VI Congreso de la Abogacía Extremeña en Cáceres, Bautista ha alertado de que el caso trasciende lo judicial: incluye supuestos contactos con personas vinculadas al narcotráfico, seguimiento de su vida privada y material filtrado sobre su familia, como audios donde se planteaba «eliminarla» o «darle al menos un susto».
El caso se enmarca en un contexto de creciente tensión institucional. La jueza Viedma, investigada por presuntamente favorecer a una red de narcotráfico en su etapa en Málaga, enfrenta ahora acusaciones de que su entorno personal ha sido vigilado: desde grabaciones de sus hijas hasta información sobre su domicilio y el colegio al que asisten. Según los detalles filtrados por El Debate, los audios —atribuidos a personas cercanas al narcotráfico— revelan instrucciones explícitas para «neutralizar» su influencia judicial, algo que Bautista ha tachado de «injerencia criminal» contra la independencia judicial.
La defensa de Bautista se centra en dos ejes. Por un lado, reclama protección institucional urgente: «Si los jueces están vigilados, perseguidos y se filtran datos de su entorno familiar, no estamos ante un conflicto judicial, sino ante un ataque al Estado de derecho». Por otro, critica el silencio de las instituciones: «No es admisible ni un minuto más de silencio por parte de quienes deberían ser garantes de la separación de poderes». Su intervención llega en un momento de polarización, donde casos como el de Viedma —junto a otros como el de la jueza Elena María Palomeque, investigada por presiones políticas— han reavivado el debate sobre la autonomía judicial en España.
El contexto legal es clave. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPE) garantiza la inamovilidad de los magistrados, pero su aplicación práctica choca con casos como este, donde se mezclan presiones externas, filtraciones y posibles delitos de revelación de secretos. Mientras, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de los jueces, no ha emitido aún una declaración pública sobre el caso, algo que Bautista ha interpretado como «falta de liderazgo». Su llamado a actuar responde a un patrón: en los últimos 12 meses, al menos tres jueces han recibido amenazas o han visto filtrados datos personales, según datos del Sindicato de Jueces y Magistrados (SM).
Lo que está en juego, según Bautista, es la credibilidad del sistema democrático. «Cuesta ganar una democracia, y parece que 50 años no han servido para proteger a quienes la hacen funcionar», advirtió. Su intervención, sin embargo, no ha sido compartida por el PP extremeño, que ha evitado pronunciarse públicamente sobre los audios, centrando su crítica en las «irregularidades» del caso Viedma sin mencionar las amenazas. La Fiscalía, por su parte, investiga tanto las presuntas irregularidades en la instrucción como los posibles delitos contra la intimidad y la seguridad de la jueza.
