Bendodo y Muñoz critican el real decreto ley de vivienda: «No habría evitado el caso»
Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica del PP, ha señalado directamente a Pedro Sánchez como «responsable» del desahucio de Maricarmen, una octogenaria desalojada en el barrio madrileño de Retiro tras 71 años en la misma vivienda. Bendodo, en declaraciones este viernes en Málaga, aseguró que la afectada «le preguntó quién era el responsable» y respondió que Sánchez, vinculando así el caso a la gestión del Gobierno.
El desahucio se produjo bajo un real decreto ley de vivienda aprobado por el Ejecutivo, que el PP critica por su ineficacia. Ester Muñoz, portavoz parlamentaria popular, acusó al Gobierno de «mentir» al asegurar que la norma habría evitado el desalojo. Según Muñoz, la suspensión de procedimientos por expiración de contrato en la ley solo aplica a contratos firmados tras la LAU de 1994, mientras que el caso de Maricarmen se remonta a un contrato anterior. «No, ministro, vuestro real decreto ley no hubiera evitado el desahucio de Maricarmen», enfatizó.
El caso de Maricarmen, que ha movilizado a colectivos sociales, pone en evidencia las limitaciones de la normativa actual. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), vigente desde 1994, no cubre contratos firmados antes de su entrada en vigor, lo que deja a miles de arrendatarios en situación de vulnerabilidad. El Gobierno, por su parte, defiende que el real decreto ley amplía protecciones, aunque el PP y parte de la oposición señalan que no cubre casos como el de Maricarmen.
El desahucio ha reavivado el debate sobre la necesidad de una reforma integral de la vivienda. Bendodo, en línea con la estrategia del PP, vincula el caso a la «falta de apoyos parlamentarios» del Gobierno para aprobar medidas efectivas. «Si no tiene apoyos para sacar nada adelante, tiene que devolver la voz al pueblo y convocar elecciones», declaró, insinuando que la crisis de legitimidad del Ejecutivo podría derivar en un adelanto electoral.
Mientras, el Ministerio de Justicia, liderado por Félix Bolaños, se enfrenta a la presión de la oposición para aclarar cómo la normativa vigente podría haber evitado el desalojo. El caso, además, refleja la tensión entre las competencias autonómicas y estatales en materia de vivienda, un tema clave en las próximas elecciones autonómicas y municipales.
