La eurodiputada de Podemos acusa al Gobierno de ser ‘funcional’ al sistema y reclama medidas radicales: alquileres indefinidos y prohibición de compra para especular
Irene Montero, eurodiputada de Podemos y número dos del partido, ha calificado este viernes de «parche» cualquier decreto de vivienda que no incluya medidas estructurales, como la expropiación de inmuebles propiedad de fondos de inversión. En declaraciones a Cataluña Ràdio, Montero ha exigido contratos de alquiler indefinidos y la prohibición de comprar viviendas para especular, denunciando que «el sistema no funciona y es criminal».
La portavoz de Podemos ha acusado al Gobierno de coalición de ser «funcional» a este sistema y ha llamado a traducir el malestar social en «paz, casa y trabajo». Su crítica llega en un momento en que el Ejecutivo negocia un decreto de vivienda urgente, pero sin medidas tan radicales como las que ella reclama. Montero ha insistido en que el Gobierno solo actúa cuando se ve «desbordado» y no con un plan a largo plazo.
Podemos, tercera fuerza en el Congreso, ha venido defendiendo desde 2020 la necesidad de regular el mercado inmobiliario con leyes como la de alquileres justos o la limitación de precios. Sin embargo, su propuesta de expropiar viviendas vacías o en manos de fondos de inversión —apoyada por movimientos como la PAH— choca con la resistencia de PSOE y Sumar, que prefieren medidas de incentivo fiscal o ayudas directas. La eurodiputada ha vinculado su postura a la crisis de desahucios y el aumento de precios, que según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) superó el 12% en 2025.
Su intervención llega cuando el Gobierno estudia un decreto-ley para frenar los desahucios y regular los alquileres, pero sin tocar los fondos de inversión. Montero ha advertido de que, sin cambios profundos, «el kentismo seguirá siendo un robo organizado». La medida más polémica que plantea es la expropiación de viviendas vacías o en manos de fondos, una propuesta que ya fue rechazada en 2022 por el Tribunal Constitucional por vulnerar derechos de propiedad.
En su discurso, Montero también hizo hincapié en la necesidad de que el malestar que se exhibe en las calles tenga una «traducción institucional», es decir, que las protestas y demandas ciudadanas se reflejen en políticas concretas que garanticen la paz, la casa y el trabajo. Criticó al Gobierno por intentar aparentar que quiere cambiar algo solo en momentos puntuales, lo que, según ella, demuestra una falta de compromiso real con la reforma del mercado inmobiliario.
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