Actualización (25 de septiembre a las 12:15):
Los sindicatos policiales denuncian hipocresía y exigen analizar el dispositivo completo, no solo imágenes aisladas
La Delegación del Gobierno de Madrid ha ordenado investigar a los agentes que intervinieron en el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, en el barrio de Retiro el pasado miércoles. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, reconoció que las imágenes del operativo «no le gustaron» y pidió al jefe superior de Policía de Madrid, Javier Galván, que analice el proceder de los agentes, que según testigos usaron gas pimienta y golpes contra manifestantes pacíficos.
Martín defendió que el dispositivo no dependía de su mando, sino del juez que dictó el desahucio, pero su declaración generó malestar en los sindicatos policiales. Jupón, uno de los sindicatos mayoritarios, calificó de «esperpéntico» que Martín se desmarcara de la responsabilidad institucional y luego cuestionara públicamente a los agentes. «Cuando hay que cumplir una resolución judicial, los policías son necesarios; cuando aparecen imágenes polémicas, algunos responsables políticos pretenden desentenderse», criticó la organización.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) reconoció que la intervención fue «complicada», pero insistió en que se desarrolló bajo mandato judicial. «A ningún policía le gusta participar en un desahucio de una mujer de 87 años, pero cumplimos órdenes», señalaron. Ambos sindicatos exigieron investigar el dispositivo en su conjunto, no solo fragmentos de vídeo editados, y recordaron que la normativa atribuye al delegado del Gobierno la garantía de seguridad ciudadana en Madrid.
El caso revuelve el debate sobre la coordinación entre instituciones: mientras el Gobierno madrileño asume la investigación, los agentes reclaman transparencia en las órdenes recibidas. La polémica llega en un contexto de tensiones recurrentes entre fuerzas de seguridad y gobiernos autonómicos por operaciones de desalojo, donde los sindicatos policiales suelen acusar a las administraciones de «usarlos como pararrayos» cuando surgen críticas.
En esa línea, Jupón subrayó que la propia normativa del Cuerpo establece que corresponde al delegado del Gobierno garantizar la seguridad ciudadana y que la jefatura de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el territorio recae en dicha autoridad, bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior. El sindicato añadió que en todos los dispositivos de orden público existe una planificación previa y que cualquier análisis debe valorar el operativo en su conjunto, incluidas las órdenes impartidas y las circunstancias de cada intervención, y no solo imágenes aisladas de una de las partes.
Más de 200 agentes actuaron en Madrid; 209 actas de sanción y cero arrestos tras protestas pacíficas
La Delegación del Gobierno en Madrid ha abierto una investigación interna sobre la actuación policial durante el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años, tras valorar «imágenes que no han gustado» de la respuesta de algunos agentes a los manifestantes. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, aclaró que la mayoría de las personas que se concentraron frente a su vivienda en el distrito de Retiro actuaron de forma pacífica, aunque reconoció «momentos de tensión» con «exaltados» que atacaron a las fuerzas de seguridad.
El operativo, que movilizó a más de 200 agentes, dejó 209 actas de propuesta de sanción según la Ley de Seguridad Ciudadana, aunque no se registraron arrestos. Martín solicitó al jefe superior de la Policía Nacional en Madrid, Javier Galván, que analice lo ocurrido y presente las conclusiones. La investigación se centra en «algunas respuestas policiales» que, según el delegado, generaron malestar.
El desahucio, que tuvo lugar el pasado miércoles en la calle Alcalde Sainz de Baranda, se enmarca en un contexto de creciente movilización social contra los desahucios en España. La anciana, que vivía en la vivienda desde hacía décadas, se convirtió en símbolo de la lucha por la protección de los colectivos vulnerables. El Gobierno ya había anunciado en julio un plan de ayuda al alquiler para mayores de 65 años, aunque su aplicación aún no ha llegado a casos como el de Maricarmen.
Las imágenes que motivaron la investigación no han sido difundidas oficialmente, pero fuentes cercanas a la Delegación del Gobierno señalan que muestran «intervenciones desproporcionadas» en momentos puntuales. La Policía Nacional, por su parte, ha confirmado que revisará los protocolos de actuación en operaciones con alta presencia ciudadana, especialmente cuando hay personas mayores involucradas.
El caso ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza en desahucios, donde la ley permite la intervención policial sin necesidad de orden judicial. Según datos del Ministerio del Interior, en 2025 se registraron 1.234 desahucios por impago en Madrid, un 12% más que en 2024. La mayoría de estos casos involucran a personas mayores de 60 años, un colectivo especialmente vulnerable ante la presión de los mercados inmobiliarios.
