Sumar exige expropiar la vivienda de la anciana de 87 años y el PSOE acelera negociaciones con Junts y Podemos para evitar un estallido social
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, y el Gobierno de Pedro Sánchez aceleran la aprobación de un decreto-ley contra los desahucios para responder al desalojo televisado de Maricarmen, una anciana de 87 años en Madrid. La medida, que se debatirá en el Consejo de Ministros del próximo martes, incluye medidas antidesahucios y cambios estructurales para proteger a jóvenes y familias vulnerables, según fuentes consultadas por The Objective.
El caso de Maricarmen, que residía en su vivienda desde hace siete décadas, ha desencadenado un clamor social y presionado al Ejecutivo a actuar. Sumar, socio de gobierno, ha exigido al PSOE incluir en el decreto la expropiación de su vivienda para evitar que «el interés especulativo de un fondo buitre prevalezca sobre el interés general». La formación, liderada por Yolanda Díaz, acusa al Gobierno de no haber actuado antes y reclama una respuesta «rápida y contundente».
El PSOE, que ya intentó aprobar un real decreto en julio sin éxito por falta de apoyos, ha retomado contactos con grupos parlamentarios como Junts y Podemos. Los convergentes, que en 2023 protagonizaron una espantada por los 24.540 lanzamientos registrados —el peor dato de la era Sánchez—, ahora estudian las propuestas socialistas para rebajar impuestos y aprobar la norma. Podemos, que en julio calificó el texto como «insuficiente», también participa en las negociaciones.
El decreto, que debe ser convalidado por el Congreso en 30 días, incluirá moratorias extendidas y medidas para estudiantes y jóvenes, según avanzó Isabel Rodríguez en una entrevista en TVE. El Gobierno reconoce que la vivienda es su «talón de Aquiles» y asume que, tras ocho años en el poder, necesita medidas de calado. La aprobación de los Presupuestos, prioritaria para Sánchez antes del estallido social, se ha visto retrasada por la urgencia de responder al caso de Maricarmen.
El Partido Popular, en la oposición, se desmarca de cualquier negociación y culpa al Gobierno de la crisis. Pedro Sánchez, desde Nueva York durante la Asamblea General de la ONU, no descartó llevar el decreto al Consejo de Ministros, aunque advirtió que es necesario garantizar apoyos parlamentarios.
El contexto: 24.540 desahucios en 2023, el peor dato de la era Sánchez
El caso de Maricarmen se produce en un contexto de crisis habitacional sin precedentes. En 2023, se registraron 24.540 lanzamientos, la cifra más alta desde que Pedro Sánchez llegó al poder en 2018. Según un estudio de Fotocasa, los españoles destinan aproximadamente la mitad de su salario al alquiler, una situación insostenible para millones de familias. Las organizaciones antidesahucios critican la falta de acción del Gobierno, que en febrero de 2024 prorrogó hasta diciembre la moratoria para familias vulnerables sin alternativa habitacional, una medida que sus socios consideran «insuficiente».
El Gobierno ya intentó aprobar un decreto-ley en julio, pero la falta de consenso entre los socios —Sumar y Podemos exigían más medidas— retrasó su aprobación. Ahora, la presión social y política obliga a Sánchez a acelerar el proceso. La ministra Rodríguez ha señalado que la norma buscará resolver el drama de las generaciones jóvenes, especialmente estudiantes que no encuentran vivienda en las ciudades universitarias.
Implicaciones: ¿logrará el Gobierno evitar un estallido social?
El decreto-ley, si se aprueba, será clave para evitar un aumento de la tensión social. Sumar y las plataformas antidesahucios exigen medidas más contundentes, como la expropiación de viviendas vacías o la limitación de los alquileres turísticos. El PSOE, presionado por su electorado, debe equilibrar las demandas de sus socios con las limitaciones parlamentarias. Junts y Podemos podrían apoyar la norma si se incluyen rebajas fiscales y cambios estructurales, pero el PP ya ha anunciado que no participará en las negociaciones.
El caso de Maricarmen ha expuesto la fragilidad del sistema de protección social en España. Con elecciones generales en el horizonte, el Gobierno necesita mostrar resultados rápidos para evitar un deterioro adicional de su imagen. La aprobación del decreto-ley en solo 48 horas —un plazo récord— refleja la urgencia de responder a un problema que, según juristas, es «muy complicado» de resolver sin un consenso amplio.
Mientras, el PP aprovecha la crisis para atacar al Gobierno. Pedro Sánchez, desde Nueva York, criticó las políticas de las comunidades autónomas gobernadas por los populares, pero evitó mencionar su propia gestión. La presión mediática y social ha obligado al Ejecutivo a actuar, pero el éxito de la medida dependerá de si logra el apoyo parlamentario necesario en un plazo récord.
El Ministerio de Vivienda no ha respondido a las preguntas planteadas por este diario sobre el contenido final del texto, mientras desde Moncloa insisten en que la aprobación es inminente. La convalidación en el Congreso exige una mayoría que el Ejecutivo aún no tiene garantizada, y los juristas consultados advierten de que la expropiación de la vivienda de Maricarmen es una vía jurídicamente muy complicada. El desenlace del próximo martes medirá la capacidad de Sánchez para sostener su coalición y contener el descontento social en un curso político marcado por la vivienda.
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