El desahucio de la anciana de 87 años obliga al Gobierno a activar conversaciones con los posconvergentes para aprobar medidas urgentes antes de las elecciones
El desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años desalojada en camilla tras vivir 70 años en su casa, ha forzado al Gobierno a acelerar el decreto de vivienda prometido en julio. El PSOE, bajo presión de Sumar y con las elecciones a la vista, reactivó este jueves negociaciones con Junts para aprobar la norma antes del Consejo de Ministros del martes, según confirmaron fuentes de Moncloa.
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, acusó a PP, Vox y Junts de haber tumbado en tres ocasiones la ley que protegía a Maricarmen. «Hay que mandar un mensaje claro: los fondos de inversión no son bienvenidos», declaró, exigiendo la ilegalización de su actividad. El caso ha reavivado tensiones internas: el ministro Óscar Puente criticó a Sumar por «regalar el Gobierno a la ultraderecha», mientras Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, cuestionó la alianza con el PSOE.
El decreto, retrasado dos meses por falta de apoyos, incluye medidas para proteger a afectados como Maricarmen. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, admitió que el caso ha «acercado posiciones» con Junts, aunque el PSOE intenta desviar el foco hacia la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, que defiende construir más vivienda protegida. Isabel Díaz Ayuso respondió con datos: «Por cada desahucio en Madrid, hay cinco en Cataluña».
La urgencia es máxima: el Gobierno busca convalidar el decreto en el Congreso antes de que el caso se convierta en un símbolo electoral. Sumar advierte que el PSOE «no puede permitirse más errores» en un tema que, según el PP, «sigue sin resolver» tras ocho años en el poder.
