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Jue. Sep 24th, 2026

Baleares aprueba ley contra el ciberacoso con IA – el 12,3% de alumnos sufre acoso digital

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El Parlament refuerza protocolos y formación docente tras datos de ANAR que alertan del uso de inteligencia artificial para crear contenidos falsos

El Parlament de Baleares ha aprobado este jueves una iniciativa del PP para combatir el acoso escolar y el ciberacoso, con especial atención al uso de inteligencia artificial para generar contenidos falsos o suplantar identidades. La ley, impulsada por la diputada popular Marta Pereira, busca actualizar los protocolos educativos ante un fenómeno que, según datos de la Fundación ANAR y Mutua Madrileña (2024-2025), afecta ya al 12,3% de los alumnos —un 1,8% menos que el curso anterior, pero con un aumento de casos en entornos digitales.

La norma obliga a reforzar los programas de detección precoz, formar a profesores y equipos directivos, y ampliar los recursos psicológicos en los centros. Pereira advirtió que «el acoso no termina al salir del colegio», sino que se extiende a redes sociales y plataformas con herramientas como la IA, que permiten crear deep fakes o suplantar víctimas. La iniciativa también prohíbe que los menores acosados sean trasladados de centro, centrando las medidas en los agresores.

Baleares ya cuenta con protocolos como Convivèxit y está incorporando psicólogos educativos, pero la nueva ley exige una aplicación homogénea en todos los colegios. El Govern balear, sin embargo, no ha participado en la tramitación: la propuesta fue aprobada por el PP con los votos de Vox, mientras que el PSOE y Podemos la rechazaron por considerarla insuficiente.

El texto fuente destaca que el 14,1% de los alumnos sufrió acoso en 2023-2024, pero el descenso al 12,3% en 2024-2025 no se atribuye a la ley actual, sino a campañas de sensibilización previas. La diputada Pereira subrayó que «no podemos usar herramientas de hace una década» para enfrentar un problema que ha mutado con la tecnología.

La ley entrará en vigor tras su publicación en el BOIB, pero su aplicación dependerá de la financiación autonómica. El PP ya ha anunciado que presionará para que se destinen fondos específicos en los próximos presupuestos, mientras la oposición critica que la medida llega tarde y sin consenso.

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