El Juzgado 35 de Madrid abre diligencias por su instrucción administrativa que amplió automáticamente la condición de exiliado a miles de españoles
Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, enfrenta una investigación por presunto delito de prevaricación administrativa en el marco de la aplicación de la ley de nietos. El Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid ha abierto diligencias previas tras la denuncia presentada por la asociación Hazte Oír, que acusa a Puente de modificar los requisitos legales para conceder la nacionalidad a descendientes de exiliados.
Según la querella, Puente dictó en octubre de 2022 una instrucción administrativa que eliminó la obligación de demostrar persecución política o ideológica para considerar exiliado a quienes abandonaron España entre 1936 y 1955. La asociación denuncia que esta medida reescribe la ley mediante un artificio gramatical, al separar elementos que el legislador había unido en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. El texto original exigía probar que el exilio respondía a motivos políticos, pero la instrucción de Puente lo amplió a cualquier salida del país en ese período.
El caso se enmarca en un contexto más amplio: un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) vinculado a la causa de las cloacas del PSOE menciona el seguimiento que Puente realizó del expediente de nacionalización del exministro venezolano Nervis Villalobos, con causas abiertas por blanqueo de capitales. Aunque el trámite fue denegado, correos internos revelan que Puente mostró interés por su estado, incluso solicitando que «corría prisa» su resolución.
Puente, hermana del ministro Óscar Puente, ya está imputada en otro proceso por la misma ley de nietos, lo que añade presión política al caso. La investigación judicial deberá determinar si su actuación supuso un apartamiento deliberado de la ley, como alega Hazte Oír, o si se ajustó a los márgenes de interpretación administrativa permitidos.
El impacto de esta instrucción podría ser masivo: si se confirma, miles de solicitudes de nacionalidad basadas en esa ampliación automática de exiliados podrían verse afectadas, generando un precedente legal con consecuencias para futuros casos similares.
